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Denunciante Constante
 |  Los límites de la Procuraduría. Por Yesid Reyes
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 | EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EL PAÍS HA SEguido la audiencia que se adelanta en la Procuraduría por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Como lo que se percibe es que se está procesando a unos funcionarios por la comisión de graves delitos, conviene preguntarse si es la Procuraduría el ente encargado de investigarlos y sancionarlos, o si debe dejar que la Fiscalía se ocupe de ello. Permitir que las dos entidades puedan condenar separadamente a quien ejecuta una conducta contraria a la ley penal, supone violar el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Frente a esta crítica se suele responder que la esencia de la actividad disciplinaria es diversa a la penal y que el tipo de sanciones que se imponen es distinto. Sin embargo, la prohibición constitucional no admite excepciones ni por la naturaleza del trámite ni por la calidad de la pena; exceptuando las acciones de revisión, nadie puede ser sometido a juicio dos veces por el mismo comportamiento.
El artículo 250 de la Carta Política asigna a la Fiscalía la función de investigar hechos puniblesy formular acusaciones ante los jueces; no hay ninguna norma que autorice a la Procuraduría para desplegar esa clase de actividades. Su función constitucional se reduce a la vigilancia de los servidores públicos en desarrollo de sus labores, lo que circunscribe su actuación a garantizar que cumplan con las obligaciones propias de su cargo.
Es verdad que quien como servidor público viola una norma penal incumple con sus obligaciones laborales, pero eso no autoriza a la Procuraduría para exceder sus atribuciones. Cuando esa situación se presenta, corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía la investigación del crimen, mientras la Procuraduría mantiene la opción de sancionar al funcionario por una falta disciplinaria, siempre que ella no sea el delito mismo, pues de lo contrario violaría la prohibición constitucional que impide el doble juzgamiento. Si, por ejemplo, un militar abandona su puesto de vigilancia para asesinar a alguien, sólo los fiscales y jueces de su jurisdicción están legitimados para determinar su responsabilidad como autor de un homicidio. Disciplinariamente puede ser sancionado por abandonar su puesto de servicio (incumplió el deber de vigilancia propio de su cargo), pero no por el asesinato, ya que eso supondría juzgarlo dos veces por el mismo hecho.
Comprendo que eso reduce notablemente el poder de la Procuraduría y atenúa su exposición mediática; pero esa es la separación de funciones que establece la Constitución. Si ella se cumple estrictamente, el Ministerio Público no estará tentado a adelantar juicios relámpago para mostrarse ante la opinión pública como el adalid en la lucha contra el delito, tarea que no le corresponde. Y la Fiscalía podrá adelantar con menos presión su trabajo que, dicho sea de paso, suele ser más lento porque requiere el acopio de material probatorio que lleve a un juez al convencimiento de que alguien cometió un crimen. Eso es más garantista que un proceso disciplinario en el que la misma entidad investiga y juzga, pero suele tomar más tiempo.
Fuente: http://www.elespectador.com/impreso/...e-procuraduria
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