La medida busca que 150 mil vigilantes se hagan un examen que costaría 15 mil millones de pesos.

El presidente del Senado, Armando Benedetti, es el autor de un proyecto de ley que busca establecer un examen sicofísico al que tendrían que someterse obligatoria y anualmente los cerca de 150 mil vigilantes privados que hay en el país.

La iniciativa, que costará cerca de 15 mil millones de pesos al año, ha causado malestar en sectores del Gobierno porque, a finales del 2010, ya le habían expuesto al senador criterios legales y económicos sobre su inconveniencia.

Incluso, se le recordó que, en el 2008, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había sepultado el tema a través de un decreto.

Entre otros argumentos, se tuvo en cuenta que los vigilantes ya deben someterse a exámenes físicos que están reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia.

Además, que las empresas de vigilancia tienen pólizas para responder ante estas eventualidades y que, estadísticamente, los incidentes con armas en los que se han visto involucrados vigilantes es de un 0,09 por ciento.

También se le dijo que el costo del examen -que oscila entre 100 y 150 mil pesos- recaería en los celadores y beneficiaría a tan solo dos empresas que hoy están certificadas: A-prueba y Simetric.

"Aquí la pregunta es quién va a ser el verdadero beneficiario de la medida", dice Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien rechaza la implementación del examen.

Y Juan Luis Gutiérrez, presidente de Andevip, gremio de las empresas de vigilancia, agrega que el costo de la prueba lo pagarán los vigilantes lo que dificultará su ingreso al mercado laboral.

'Es una retaliación'

Pero para el senador Benedetti la medida es necesaria.

"Esto no es cuestión de estadísticas sino de seguridad. Hay que saber si esas personas se encuentran en condiciones mentales y físicas para portar un arma. Además, no es cierto que el examen esté contemplado entre los que presentan los vigilantes", dice.

Y ante la suspicacia de que la ley solo beneficiaría a dos empresas, asegura que ya le agregó al articulado que los exámenes lo haga la Inspección de Sanidad de las Fuerzas Militares.

Pero fuentes del Ejército aseguran que no tienen la logística para atender el examen y que tendría que subcontratar con las empresas privadas habilitadas para ello.

En todo caso, Benedetti niega que haya reabierto una sesión de la Comisión II del Senado para que le aprobaran su proyecto, aprovechando la ausencia de los representantes del Gobierno que iban a rebatirlo.

Y aunque el malestar en el Gobierno por este proyecto viene desde el 2010, Benedetti atribuye las críticas a los cuestionamientos que él le ha venido haciendo al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera:
"Esto es una retaliación cobarde del Ministro y deja ver un total desconocimiento del proyecto de ley", asegura.

Por ahora, el tema se llevará a plenaria del Senado en donde se escucharán las objeciones del Gobierno y se tomarán decisiones.
Argumentos de Benedetti
Si no se presenta la norma sería una omisión legal
-El senador Benedetti asegura que tiene información según la cual el examan sólo vale 35 mil pesos y que el costo sería trasladado al usuario del servicio de vigilancia.

-Dice que la finalidad del certificado de aptitud es que los civiles que porten armas de fuego se encuentren en condiciones mentales y físicas.

-Asegura que, de no exigirse este examen, el Estado incurriría en una omisión legal al no garantizar la vida de las personas.