Llaman a indagatoria a 3 generales por desaparecidos en Palacio de Justicia
La Fiscalía colombiana llamó a indagatoria a los generales Jesús Armando Arias Cabrales, Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández, y pidió la condena de otro oficial del mismo rango, dentro de los procesos por desapariciones forzadas y homicidio en la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
Una fuente de la Fiscalía indicó a Efe que tanto Arias como Fracica y Hernández fueron llamados a declarar por su presunta responsabilidad en el homicidio del magistrado auxiliar Carlos Horario Urán.
Según el expediente, Urán salió vivo del Palacio de Justicia, tomado por un grupo de entonces guerrilleros del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19), pero tras la retoma de la edificación por parte de los militares, fue asesinado y su cuerpo reingresado en la sede judicial.
El llamado a indagatoria de los tres generales no constituye una vinculación formal con el proceso, que es seguido por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
De otro lado, un fiscal de la misma unidad pidió condenar a Iván Ramírez, general en retiro del Ejército, por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco, ocurrida también durante la retoma del Palacio de Justicia.
Sin embargo, la Fiscalía no encontró "certeza" de que el alto oficial haya participado en la desaparición de otras 10 personas que estaban en la cafetería del Palacio de Justicia y supuestamente salieron con vida.
Según Caracol Radio, la Fiscalía señaló que tampoco consta que el comando de Inteligencia del Ejército de ese entonces, encabezado por el general Ramírez, hubiera realizado el interrogatorio a las 10 personas desaparecidas.
"Solo existe certeza de que sí se realizó un interrogatorio de manera violenta a Irma Franco", dijo el fiscal Álvaro Osorio, que lleva el caso.
Por los desaparecidos durante la retoma del Palacio fue condenado el año pasado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando rebeldes del ahora disuelto M-19 se tomaron la sede judicial a sangre y fuego.
Allí, un centenar de personas murió y otras 12 desaparecieron.
La ocupación guerrillera fue seguida de una operación de retoma militar que terminó al día siguiente, con la edificación destruida por las llamas después de ser blanco de los cañonazos de un tanque.
La Comisión de la Verdad encargada de investigar lo sucedido reveló en diciembre de 2009 que hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares y acusó al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para salvar a los rehenes.