¿Qué casos va a llevar Usted a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
"Son casos en los cuales ha habido falta de garantías a nuestros funcionarios por parte de la Justicia. Algunos de ellos ya están respondidos en esta entrevista".
Usted dijo que la Procuraduría General de la Nación no sopesó su testimonio y sí ha sopesado otros. ¿Podría mencionar algunos de estos testimonios?
"Yo le envié a la Procuraduría General de la Nación una respuesta por escrito sobre el caso Bernardo Moreno. El señor Procurador asistió a una reunión en la Presidencia de la República entre la Comisión Interinstitucional de la Justicia, que agrupa a los presidentes de todas las cortes, y el Gobierno Nacional. Y él (el Procurador) oyó allí mi tesis de la cual discreparon en la Corte. Mi tesis jurídica, controvertible, pero creo que respetable, es que la Uiaf, que hace Mario Aranguren, estaba en el deber de hacer el análisis financiero de cualquier reporte financiero sospechoso, así involucrara a magistrados o al Presidente de la República. Esa noche discreparon algunos, dijeron que en el caso de los magistrados eso no lo podía hacer la Uiaf, que lo tenía que hacer la Comisión de Acusaciones (de la Cámara). Si eso fuera así, allí lo que hay es una diferencia de interpretación de la ley, que no se constituye en causal de sanción administrativa ni mucho menos en tipificación de delito. El señor Procurador estuvo esa noche en la Presidencia y conoció esa discusión. En otra oportunidad, de la manera más constructiva, el Procurador acudió a mi despacho, él fue en una actitud muy constructiva, lo reconozco, con una asesora suya, a hablarme de la teoría que se estaba tejiendo del autor detrás del autor. Yo le dije: Procurador, tome esta reunión, lo que yo le diga, bajo la gravedad del juramento. Usted es el Procurador, yo soy el Presidente. Y empecé diciéndole: Vea Procurador, para que usted sepa le repito lo que les he dicho a muchos colombianos, jamás me dejé someter de la guerrilla y jamás me dejé atraer de los paramilitares. Y ese día repasamos toda nuestra política de seguridad, el tema de los falsos positivos, el celo del Gobierno para castigar cualquier violación de derechos humanos, el tema de las interceptaciones, del DAS, de la Presidencia. Yo le hablé al Procurador con toda sinceridad y le advertí que era bajo juramento. Yo creo que estos temas, estos testimonios míos, también deberían haber sido sopesados y me preocupa cuando leo la destitución de Bernardo Moreno. Y entonces yo digo: ¿Será que yo juré en vano?".
¿Por qué no es justo, como usted lo ha dicho, igualar a guerrilleros y paramilitares con los agentes del Estado, con los miembros de la Fuerza Pública?
"En cuanto a la Ley de Víctimas, primero, esa ley se estuvo trabajando en nuestro Gobierno. Segundo, nuestro Gobierno, con la política de seguridad democrática, les dio poder a las víctimas que antes no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Nuestro Gobierno introdujo algo trascendente para el país: la reparación pecuniaria por vía administrativa, que es bueno anotar, debe producir el mismo efecto de cosa juzgada que la reparación que se haga por vía legal. Nosotros además trabajamos por la seguridad democrática, en la idea de que la mejor reparación es aquella que se puede conseguir frente a las nuevas generaciones, librándolas de la repetición del terrorismo, lo que es llamado por los juristas el derecho a la no repetición. Nosotros trabajamos ampliamente en el tema. El año pasado no se aprobó la Ley de Víctimas porque finalmente la oposición no quiso aprobar un acuerdo que habían hecho con nosotros en la Presidencia, que incluía lo de los agentes del Estado. ¿Por qué he tenido yo un tratamiento especial para los agentes del Estado? Algunos interpretan el principio de solidaridad afirmando que de él se desprende que hay que apoyar a las víctimas de igual manera, sin discriminar entre victimarios, entonces yo acepto el principio de que hay que apoyar a todas las víctimas, pero el principio de realidad nos dice que los principales victimarios en Colombia han sido guerrillas y paramilitares, todo ese terrorismo alrededor del narcotráfico. Entonces, yo digo: si lo que han hecho estos victimarios es actuar contra la ciudadanía, y el deber ser de los agentes del Estado es actuar en defensa de la ciudadanía, no se pueden equipar los unos a los otros. Y por eso vengo sosteniendo que para reparar a quien alega ser víctima de un agente del Estado, por lo menos se debería exigir una sentencia judicial que resulte de un proceso abreviado. Creo que es necesario, además, para evitar desmotivaciones de la Fuerza Pública. Ahora algunos me han dicho que están creando un nuevo tribunal. Yo creo que al país le hace mucho daño seguir en esa proliferación de órganos de la Justicia".
Continúa...