¡Qué relajo!

CORRUPCIÓN. Nunca antes un gobierno había encontrado tantos escándalos acallados y a punto de estallar. No ha completado 100 días Santos, y ya se han destapado nueve ollas podridas del gobierno de Uribe.
Sábado 13 Noviembre 2010


Juan Manuel Santos, un día antes asumir el mando, le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe que en su gobierno no iban a poner el espejo retrovisor. Tres meses después, los escándalos han explotado como si fueran una olla a presión.

"Esto es un despelote". Con esa expresión, palabras más palabras menos, responde cada uno de la nueva camada de directores de entidades del Estado cuando se les pregunta cómo encontraron las dependencias a su cargo. Aunque, en aras de la precisión, decir "despelote" es poco ante la catarata y el tamaño de los escándalos que han brotado en el último mes y las ollas podridas que se han destapado por doquier.

Al contrario de lo que se podría esperar de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que salió con una aprobación de 80 por ciento en las encuestas, los hechos recientes indican que dejó la casa en un alto grado de desorden. Y la gran paradoja es que en un gobierno, en teoría, uribista es que han sacado todos los trapitos al sol.

Un día antes de asumir el poder, el entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, le dijo a Uribe y a su gabinete en pleno que no iba a mirar para atrás: "En mi gobierno no va a haber espejo retrovisor". Y es posible que haya cumplido su palabra, pues la mayoría de los escándalos han estallado en medios de comunicación.

Pero poner el espejo retrovisor no es el problema, lo grave es que lo que se ha destapado no es un simple corte de cuentas por resultados sino que en algunos casos toca el terreno de lo penal. No es común que a un gobierno que llega, como el de Juan Manuel Santos, en menos de 100 días le toque buscar cómo liquidar el departamento de seguridad adscrito a la Presidencia (DAS), tenga que pedir a la Fiscalía que allane e intervenga al departamento dedicado a administrar bienes incautados a los narcotraficantes (Estupefacientes) y produzca un devastador informe sobre un fondo creado para apoyar la lucha contra el secuestro (Fondelibertad) que ya provocó la renuncia de dos altos funcionarios del Estado: la directora del CTI y el coordinador de Planeación de Acción Social. Y eso por mencionar tan solo tres de las nueve ollas podridas que se han destapado.

Es muy grave lo que venía ocurriendo en estas entidades que, si bien conforman la segunda línea del gobierno, desempeñan un papel crucial, pues fueron creadas para ejecutar las políticas de los ministerios.

Dirección Nacional de Estupefacientes
“El parque de diversiones de la mafia”

El nuevo director, Juan Carlos Restrepo, lo dijo de manera contundente: “Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia”. Y si esto lo dice el encargado de manejar 76.000 bienes incautados a los narcotraficantes, indica que la situación es grave.
Por eso, el gobierno tomó una de las decisiones más drásticas que se han conocido: denunció los desmanes ante la Fiscalía y decidió intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué pasó? Como por arte de magia, se desaparecieron de la base de datos de la DNE todo tipo de bienes y predios que habían sido decomisados por la Fiscalía. Ocurrió, sobre todo en el segundo semestre de 2009, que con un simple delete una propiedad salía automáticamente de la órbita del Estado y cualquiera podía hacer uso de ella. El diario El Tiempo denunció que dos empleados de Summa –el consorcio encargado de actualizar y blindar la base de datos de la DNE– aparecen borrando predios o alterando datos de una de las haciendas emblemáticas del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, y de más de 33.000 hectáreas incautadas a los narcos del norte del Valle.

También se descubrió que testaferros de la mafia terminan como depositarios de los bienes. Un ejemplo es Montecasino, una mansión en un exclusivo sector de Medellín que pertenecía al jefe paramilitar Carlos Castaño (foto). Según El Tiempo, a pesar de que en 2007 pasó a la DNE, hoy la ocupan testaferros de la familia Castaño, y el arriendo de 10 millones de pesos por ese terreno de 30.000 metros cuadrados no lo pagan desde comienzos de 2008.

Juan Carlos Restrepo, en entrevista con SEMANA, dibujó una situación de caos total. Un informe interno detectó no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática y, según él, prácticamente cualquiera, incluso ex funcionarios y ex contratistas de la DNE, podía meter la mano en la base de datos de los 76.000 bienes. Y un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos para depurar el inventario lo que hizo fue desordenar el que había.

Incoder
El Estado les quitó tierra a campesinos para dársela a narcos

Cuando Juan Manuel Ospina llegó al Incoder no podía creer lo que vio: no solo no se les habían devuelto las tierras a los campesinos despojados, sino que, peor aún, el Estado había adjudicado las tierras de desplazados a testaferros de los narcotraficantes. En un primer barrido en todo el país encontró 184 de estos casos. El ministro Juan Camilo Restrepo, sin pelos en la lengua, explicó que personas “muy cercanas al paramilitarismo” infiltraron el Incoder y, tras el desplazamiento de los labriegos, “esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”.

Y al parecer, esa aberración era vox pópuli. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, anotó: “Eso ocurrió en casi todo el país (…) los campesinos dejaban las tierras y perdían la tenencia. Entonces, funcionarios del Incoder las adjudicaban a veces a amigos de grupos armados ilegales o élites políticas regionales”.

Para remediar ese entuerto, el ministro Restrepo, en una decisión sin precedentes, anunció que apelará a la “excepción de inconstitucionalidad”, y antes de abril el gobierno entregará 300.000 hectáreas a 130.000 familias por restitución directa –es decir, anulará decisiones ilegítimas– o por adjudicación –entrega de baldíos–.

Fondelibertad
Por contratos a dedo ya cayeron dos altas cabezas

L*os colombianos ni siquiera sabían que existía una entidad llamada Fondelibertad. Pero la vienen a conocer ahora, 15 años después de creada, por un escándalo que se comenzó a destapar hace dos semanas y que ya le ha costado la cabeza al que fue director de ese fondo en el gobierno de Uribe, Harlan Henao, quien renunció esta semana a su cargo en Acción Social de la Presidencia de la República, así como a la directora del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez, salpicada por algunos contratos.

La historia es sencilla. Fondelibertad maneja al año 25.000 millones de pesos que debe utilizar para luchar contra el secuestro y apoyar a los Gaula. El problema es que, según una auditoría del Ministerio de Defensa revelada por Caracol Radio, se encontraron “despilfarro y desorden” en contratos de los tres últimos años.

Son tres las principales denuncias. La más grave es un paquete de 200 contratos celebrados presuntamente sin cumplir la ley, en el que aparecen periodistas y funcionarios del gobierno. Los más sonados son los firmados por el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y por familiares de la directora del CTI: uno de su hermana por 65 millones, otro de su hijo por 50 millones y un tercero con una firma Fares, donde la propia Marilú aparece como conferencista. El segundo caso es un contrato por 5.000 millones con Codispar, para el mantenimiento del parque automotor, en el cual se encontraron perlas como, por ejemplo, que repararon no solo los vehículos de Fondelibertad, sino también otros sin dueño conocido. Y la tercera denuncia es por la compra de equipos que “podrían poner en riesgo” al personal que ejecuta los rescates, según dijo el director de los Gaula Militares. El presidente Santos anunció que Fondelibertad será intervenida.