La senadora Piedad Córdoba, sancionada por la Procuraduría a 18 años de inhabilitación por su supuesta colaboración con las Farc, acudirá al Consejo de Estado para que se anule esa decisión, dijo este jueves su abogado, Ciro Quiroz.
"Aspiramos a que el Consejo de Estado tumbe esa decisión y vuelva la senadora a su espacio político", señaló a RCN Radio el letrado, quien agregó que también pretende acudir a instancias internacionales, aunque no precisó a cuáles.
Córdoba, del Partido Liberal, fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años el pasado 27 de septiembre por la Procuraduría, que este miércoles ratificó la sanción contra la legisladora "por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las Farc.
Según la Procuraduría, "tras el estudio de la información recopilada en el proceso y de una serie de hechos notorios y de público conocimiento, se llegó a la conclusión de que Córdoba colaboró y promovió al grupo de las Farc".
Además, señaló que la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la senadora, "no es procedente", puesto que se hizo "extemporáneamente".
La investigación de la Procuraduría contra Córdoba se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las Farc Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", muerto en un bombardeo del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
La defensa de la senadora ha pedido a la Procuraduría que le muestre esos documentos que supuestamente prueban los vínculos de Córdoba con las Farc, algo que todavía no ha ocurrido, denunció Quiroz.
Al igual que hizo en septiembre pasado, cuando se conoció la sanción, la senadora volvió a insistir en que va a entablar las acciones judiciales necesarias para "demostrar" su inocencia, en un comunicado.
"En distintas instancias de este proceso he dicho que no he tenido las garantías procesales de defensa suficientes", afirma Córdoba en el comunicado, en el que también aclara que es el Consejo de Estado, y no la Procuraduría, "el único que constitucionalmente tiene la potestad de destituir a los congresistas".
"Por considerar que este fallo disciplinario es contrario a derecho, voy a entablar las acciones judiciales que me permitirán demostrar mi inocencia ante los hechos de que se me acusa, resarcir mi buen nombre y el daño que esta decisión injusta ha hecho a mis hijos e hija, familia, seguidores y a quienes como yo creemos en la democracia", agrega.
Fuente: El Colombiano