Es el municipio más rico de Cesar, sin embargo no tiene acueducto ni alcantarillado. Recorrido por el rosario de obras inconclusas.
Sólo se olían gases lacrimógenos. Sólo se veían manifestantes enfurecidos lanzando piedras contra la Policía y a la Policía enfurecida haciendo resistencia. Gritos, llanto, un sol intenso y un disparo, un único disparo y un único muerto: Félix Manuel Mendoza, 44 años, taxista, simple observador de la protesta que se libraba en La Jagua de Ibirico, Cesar -el segundo municipio productor de carbón en Colombia-.
El hombre cayó al suelo y el pueblo enardeció. Hostigaron a los uniformados. Les arrebataron las armas. Amenazaron con mantenerlos retenidos hasta que fueran escuchadas sus exigencias. Pedían que nos pavimentaran la carretera principal, que nos solucionaran los problemas de contaminación que nos habían traído las minas, que nos descongelaran las regalías, cuenta Álvaro Castro, concejal. Era febrero de 2007.
De aquí no nos movemos hasta que venga el presidente Álvaro Uribe, gritaba alguien y la multitud repetía la consigna también a gritos. Al cuarto día llegó el Presidente. Prometió invertir en salud, medio ambiente y carreteras. La turba se disipó y La Jagua de Ibirico volvió a su realidad: ser el municipio más rico del Cesar, recibir regalías por miles de millones al año -en 2009 fueron $85 mil millones, el 21% de lo que recibió todo el departamento-, y no poseer ni acueducto ni alcantarillado, no gozar con cobertura plena en educación y salud, y tener por lo menos cinco ex alcaldes con problemas judiciales (ver nota anexa).}
¿Cierto que en Bogotá tienen agua las 24 horas?, pregunta el concejal Castro. ¿Dónde están los más de $400 mil millones que han recibido en regalías desde 1995, según cuentas de la Alcaldía?, se preguntaría cualquiera, se pregunta el Gobierno que presentó un proyecto de ley para reestructurar la entrega de estos recursos: ya no les corresponderán sólo a los municipios con producción minera, sino que beneficiarán a todo el país, especialmente a los más pobres.
La Jagua luce como un pueblo apenas en construcción. Montañas de arena y gravilla en las aceras. Casas sin revocar, sin puertas ni ventanas ni techo. Obreros alzando bultos y canecas rebosadas con material. La mayoría de construcciones que usted ve sin terminar son de los trabajadores de las minas que con lo que ganan, de a poquitos, van construyendo su propia casa. A cada paso saluda a un conocido. Cómo siguió el niño. No va a parar de llover. Lanza cualquier comentario y continúa el camino. ¿Quiere conocer cuáles son los elefantes blancos del pueblo? ¿En los que se han robado las regalías? Venga le muestro.
La que iba a ser la Casa de la Cultura: una mole enorme, en obra negra, carcomida por la maleza y la humedad. Está ahí, inútil, cayéndose, por lo menos hace ocho años, desde que el alcalde de turno fue encarcelado. Los alcaldes aquí no duraban ni un año. Se los llevaban presos porque decían que malgastaban la plata de las regalías. La verdad es que con ese dinero se quedaban casi siempre los paramilitares. Si los alcaldes no les daban la plata los mataban. Se cobraron muchos contratos ficticios, quedaron muchas obras inconclusas. Como ésta. Esta casa inservible de tres pisos que hoy vigila un hombre de gorra y uniforme azul. Esta casa que tiene el acceso restringido. Restringido para los niños que acaban de arribar en busca de una pista donde bailar hip-hop o break-dance, y para el grupo musical que vendrá más tarde con un acordeón y una trompeta. El ensayo será en la calle.
En La Jagua se hizo famosa la Porra. Con la famosa Porra llegaban hombres uniformados y armados -paramilitares, de eso no hay duda, dice Eliana Zuleta- y demolían la puerta de la casa del que ellos consideraban colaborador de la guerrilla, del que tenía plata, del que les debía, del que querían. Un solo golpe. La puerta al piso. Y las mujeres a gritar como desesperadas y los hombres de uniforme a amenazar o a matar como enfermos. Eso fue entre el 97 y el 98. Ya nosotros sabíamos lo que eran los grupos armados porque siempre habían estado en La Jagua. Primero fue la guerrilla del Eln, el frente Manuel Martínez Quiroz. Luego la guerrilla de las Farc, ¿el frente 37 o el 41?, se pregunta el concejal Álvaro Castro.
Asegura que fueron quinientos los muertos que dejó la última guerra. Murieron campesinos. Murieron concejales. Profesores. Líderes. Amas de casa. Murieron quinientos y se perdieron miles de millones en la última guerra. Eso dice el concejal Castro y dice también que La Jagua de Ibirico era el banco de las Autodefensas. Su botín.
No le miento cuando le digo que encañonaban a los alcaldes y les decían "usted tiene que darnos una cuota mensual de tanto". Los alcaldes cedían a esas presiones. Y eso se combinaba con corrupción. Aquí hay cosas muy delicadas: contratación indebida, robo, alcaldes encarcelados y también, hay que decirlo, complicidad de empleados del Gobierno. Así explica Castro el desfalco histórico de las regalías en La Jagua. Y en esa tesis coincidirá también el personero, Héctor Mendoza, hijo de Félix Manuel Mendoza, el único hombre que murió en la rebelión de febrero de 2007.
En la memoria de La Jagua de Ibirico hay un año -1998- y el nombre de una alcaldesa -Ana Alicia Quiroz-, con los que se empieza a escribir la historia reciente del desangre de las regalías del municipio. En el caso de la alcaldesa Quiroz hubo denuncias por corrupción. Hubo investigaciones por delitos relacionados con irregularidades en contratación y despilfarro de dinero público. Hubo destitución. Y a partir de ahí la historia se volvió a repetir. Una y cuatro veces. Cuatro alcaldes con problemas judiciales por los motivos similares: Hernando Díaz, Ósman Mojica, Édinson Lima y Laureano Rincón.
Edinson Lima: alcalde de la Jagua entre agosto de 2005 y febrero de 2006, recluido en la cárcel de Valledupar, tres condenas. Atiende una llamada de El Espectador desde la prisión. Defiende los contratos que se firmaron en su administración -entre otros, uno para aprovisionar el cuerpo de bomberos, y uno más para ensanchar la tubería del alcantarillado-. Advierte que de grupos armados, de paramilitares, no habla. Es reserva del sumario. Sólo dice, enfático, que el país sabe lo que pasó en el departamento del Cesar con esos grupos.
De esos grupos sí habla Héctor Mendoza, el personero. Eran ellos quienes querían manejar los recursos. Las presiones y las amenazas eran recurrentes: "Usted, o trabaja con nosotros o lo matamos. Si renuncia matamos a su familia; ya sabemos quiénes son y dónde están". A eso se suma que los alcaldes no eran buenos administradores y que la dirigencia política departamental también está metida. Sólo le interesa sustraer los recursos para sus beneficios. Familias ‘prestantes' que se valen de la política para incidir en las contrataciones.
Todas las desgracias del pueblo más rico del Cesar convergieron por esos años. Muerte. Amenazas. Corrupción. Contaminación. Pobreza. En 2007 llegó la hora de la rebelión. Nos reuníamos por las noches a planear cómo nos íbamos a manifestar: jóvenes, docentes, profesionales, líderes. A las 12:00 m. del 10 de febrero unas 500 personas nos plantamos en la carretera principal (concejal Álvaro Castro). Fue llamada la gran huelga. La gente no tenía oportunidades de trabajo en las minas, que eran las mismas causantes del impacto ambiental y de las enfermedades. El único camino que le quedaba a la comunidad era alzarse en contra del Gobierno. Empiezan las confrontaciones con la Fuerza Pública y ahí dan muerte al señor Félix, mi padre. (personero Mendoza).
Al costado derecho de la Avenida Félix Manuel Mendoza, internándose cerca de dos cuadras en el barrio 17 de Febrero, está el Centro Recreativo La Jagua. Una zona verde enorme con cuatro piscinas, una barra para la venta de bebidas y alimentos, un techo azul y vistoso, y espacios libres para improvisar canchas de fútbol. El diseño arquitectónico es ostentoso, llamativo. Sobre todo porque las piscinas ahora son pozos de aguas negras. Y la edificación está oxidada, recubierta por maleza, a punto de desplomarse.
A las 7:15 a.m., en el Colegio José Guillermo Castro de La Jagua de Ibirico, un grupo de niños juegan fútbol vistiendo el uniforme de gala. Un corrillo de cinco o seis compra empanadas a la entrada, se ríe, no parece dispuesto a entrar. Al mismo tiempo Heberth Parodi Pontón, coordinador académico y de disciplina, deambula por los pasillos.
¿Cuánto han invertido en este colegio? No sé. La gente dice que son como $5 mil millones. Y esas inversiones no se ven. Todas las ventanas de vidrio se han caído. Las tejas que ve en ese túnel, las pusieron al revés, por eso toda el agua está estancada. En los gobiernos anteriores parece que se hubiera desaparecido la plata, dice el señor Parodi Ponton, con un tono serio, cortante. Bienvenidos al Colegio José Guillermo Castro, otro elefante blanco de La Jagua.
Eso que ve allí (una casa cubierta por arbustos, sin techo, con la estética de ruinas que caracteriza al municipio) iba a ser un restaurante. Y esas de allá eran 20 aulas que quedaron comenzadas. Todas esas graderías que ve al fondo, deberían tener techo. En cual dirección que mire, en cualquier punto que señale el coordinador Parodi, habrá una obra negra.