Rápidamente el lock out adquirió un alcance nacional: la decisión del gobierno de detener a sus líderes profundizó el conflicto. Los camioneros bloquearon las rutas, atacando a quienes no se plegaron a la medida, y se agudizó el desabastecimiento de productos esenciales. La SNA y la SOFOFA, al igual que la DC, salieron a respaldar el lock out. Dueños de autobuses, taxis, distribuidores de combustible, el comercio y la pequeña industria y los colegios profesionales de médicos y abogados, decidieron sumarse al paro. En la calle, las manifestaciones opositoras se producían diariamente, junto con los destrozos y los atentados. En el campo, recrudecieron los ataques contra las masas, impulsados por la gran burguesía y los terratenientes. Como determinaron las investigaciones del Senado norteamericano, la CIA financió el lock out aportando varios millones de dólares, que permitieron sostenerlo hasta el 6 de noviembre. El 20 de octubre las corporaciones que impulsaban el movimiento formaron el Comando Nacional de Defensa Gremial, que unificó sus reclamos en un documento denominado “Pliego de Chile”. El documento contenía, además de las demandas de los transportistas, la exigencia de suspender la clausura de radios opositoras, promulgar la reforma constitucional impulsada por la DC que regimentaba y limitaba las nacionalizaciones, y disolver todas las organizaciones populares encargadas de supervisar la distribución de bienes de consumo.
Sin embargo, hacia fines de octubre el lock out comenzó a mostrar sus límites. Las bases de la UP se movilizaron para desbaratar el paro patronal e impedir el golpe. Se logró mantener en funcionamiento el país: las masas organizaron la distribución y la producción, tomando medio centenar de empresas abandonadas por sus patrones. La experiencia política de las masas durante el lock out dio un salto cualitativo en términos organizacionales, en su nivel de lucha y en su conciencia del proceso: hicieron funcionar el país durante un mes sin sus patrones. Allí se gestaron nuevas formas de organización, aunque embrionarias y minoritarias: los Cordones Industriales, las Juntas de Aprovisionamiento Popular y los Consejos Campesinos. La determinación de los trabajadores a ocupar los establecimientos que se plegaran al lock out, impuso un límite a la profundización del paro: es por esta razón que la gran burguesía impulsó la medida de fuerza, pero no se sumó efectivamente. Por otro lado, el mantenimiento de la actividad y del abastecimiento a través de la organización de las masas, restó efectividad a la medida, que no logró desestabilizar al gobierno hasta el punto de conseguir un pronunciamiento de las FFAA. Por último, la reacción popular alertó a un sector de la burguesía, que temiendo un revés, comenzó a buscar una salida negociada.
La claudicación de Allende
El conflicto se cerró con el ingreso de los altos mandos militares al gabinete, entre ellos el General Prats, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Desde su cargo de Ministro del Interior, Prats intimó a los patrones a deponer su actitud sediciosa, consiguiendo que el 6 de noviembre finalizara el lock out. Sus cabecillas aceptaron las condiciones que el propio Allende había ofrecido semanas antes. A pesar de que se logró detener la ofensiva golpista, el ingreso de los militares al gabinete, negociado con la DC, implicó una transacción con la contrarrevolución en uno de sus momentos de mayor debilidad. Cuando la organización de las masas planteaba la posibilidad de una contraofensiva que permitiera aplastarla, Allende y el PC boicotearon el proceso y optaron, nuevamente, por la conciliación.
La ofensiva derechista se renovó a comienzos del ’73. Ya desde enero, la Contraloría, el Poder Judicial y el Parlamento iniciaron una serie de ataques al gobierno que, además de paralizar toda iniciativa, empezaron a acusarlo sistemáticamente de violaciones a la Constitución y de ilegitimidad. En abril, la oposición logró romper la unidad de la clase obrera, promoviendo la huelga de una fracción que respondía a la DC en la mina de cobre “El teniente”, que se extendió por 76 días. El conflicto fue acompañado por una ola de atentados y manifestaciones estudiantiles en contra del proyecto gubernamental de reforma educativa. En las manifestaciones se produjeron disturbios, ataques a edificios oficiales, diarios de izquierda, locales partidarios y domicilios particulares de los ministros. Entre el 22 y el 29 de mayo los transportistas volvieron al lock out. La Central Única de Trabajadores salió a enfrentar a la contrarrevolución, convocando a un paro nacional con movilización en defensa del gobierno. La CUT amenazó con resistir cualquier intento de golpe, y exigió del gobierno mano dura con sus promotores.
El 29 de junio se sublevó el Regimiento Blindado Nº 2 del Ejército, que atacó La Moneda con tanques. Contaba con el apoyo civil de PyL, cuyos dirigentes, luego del fracaso de la intentona, se refugiaron en las embajadas de Ecuador y Colombia. El golpe fue derrotado por la acción popular y la intervención decidida de la fracción leal del Ejército, encabezada por Prats. La CUT llamó a la ocupación de las fábricas y lugares de trabajo, las organizaciones estudiantiles en manos de la izquierda se movilizaron y los Cordones Industriales respondieron ocupando posiciones en sus zonas de influencia. Derrotado el nuevo intento golpista, la dirección de la UP volvió a convocar al dialogo con la DC, que puso como condición la devolución de las empresas tomadas, la disolución de los grupos armados y el ingreso de los jefes militares al gabinete, pero con facultades para desplazar a los mandos medios. En medio, los transportistas lanzaron un nuevo lock out, que comenzó el 25 de julio, y se incrementaron los atentados terroristas. Finalmente, el intento de diálogo se rompió y la oposición en pleno se lanzó a impulsar el golpe.
El lock out de transportistas, que se extendió hasta el golpe del 11 de septiembre, fue acompañado por bloqueos de rutas, enfrentamientos y una ola de atentados y sabotajes. Según información obtenida por el servicio de inteligencia del MIR, los atentados eran perpetrados por PyL. La tarea habría sido encomendada por nucleos de oficiales golpistas, buscando generar un clima de desorden que justificara su intervención. A su vez, los comandos paramilitares estaban en contacto permanente con los camioneros golpistas, para coordinar las acciones. Así lo reconoció su líder, Roberto Thieme, al ser detenido a fines de agosto. Las corporaciones del comercio, los colegios profesionales y los partidos políticos burgueses se sumaron al paro patronal.
El 8 de agosto, en un intento por poner fin al lock out, Allende volvió a ensayar la receta de formar un gabinete con los altos mandos militares. La diferencia, esta vez, fue que algunos de los generales estaban involucrados en los preparativos del golpe. Es el caso del General Ruiz Danyau, Comandante de la Fuerza Aérea, que a los pocos días de asumir renunció alegando diferencias con el Ejecutivo, e intentó sublevar a su tropa sin resultado. En el caso de la Armada, condicionó su ingreso al gabinete exigiendo que el presidente se pronunciara sobre un supuesto complot desbaratado por los marinos en sus propias filas, que involucraba a suboficiales y tropa organizados por el MIR y el PS. Allende aceptó la condición, saliendo a denunciar la actuación de los “ultraizquierdistas”. En realidad, el complot nunca existió: fue un movimiento represivo de la Armada en el interior de sus filas para deshacerse de un centenar de marinos antigolpistas, que fueron detenidos, incomunicados y torturados. Desde la fallida sublevación de junio, las FFAA comenzaron un proceso de depuración de sus filas, removiendo a los sectores legalistas. También comenzaron una ofensiva represiva contra las plazas conquistadas por la izquierda. Utilizando la Ley de Control de Armas, que otorgaba a los militares la potestad de intervenir en la seguridad interior para requisar armas en manos de población civil, intensificaron los allanamientos en fábricas, barrios y locales sindicales, aplicando torturas y detenciones ilegales. La acción de las FFAA buscaba aterrorizar y desmoralizar a la población, desbaratando su organización para minimizar cualquier resistencia al golpe.
Finalmente, una serie de intervenciones del Parlamento allanará el camino en las últimas semanas. El 14 de agosto, senadores de la DC acusaron al gobierno de “inconstitucional”. Un día después el PN lo acusó de “ilegítimo”. El 22 de agosto los diputados aprobaron un proyecto de acuerdo que planteaba que “el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”. Y emplazaba a las FFAA a poner término a la situación. La declaración no tenía efectos jurídicos, pero si políticos: operaba sobre los militares para que se decidieran a dar el golpe. El último obstáculo, los generales legalistas, renunciaron en esa semana. El último, Carlos Prats, lo hizo el 24 de septiembre, dejando paso a Augusto Pinochet, su sucesor. Dentro de las FFAA, los golpistas habían ganado la pulseada y se aprestaban a desplazar a Allende. Así sucedió el 11 de septiembre de 1973. El golpe fue seguido por una represión gigantesca, destinada a restaurar el orden y aniquilar a quienes habían impulsado el proceso revolucionario.
Lecciones de septiembre
Son varias las lecciones que nos deja la derrota de la “vía chilena al socialismo”. No tenemos espacio aquí para extendernos demasiado, por lo que sólo haremos foco en una de ellas. Cualquier proceso revolucionario deberá enfrentar, tarde o temprano, la oposición violenta de todas las capas de la burguesía, grandes o pequeñas. Los partidos revolucionarios tienen la obligación de prepararse para provocar la crisis en las filas burguesas, dividir a los enemigos y enfrentar al núcleo duro de la contrarrevolución con una política de alianzas. Pero el núcleo duro de su fuerza debe ser siempre la vanguardia de la clase obrera. La política de Allende, apoyado fundamentalmente en el PC y el PS, buscó la conciliación con la contrarrevolución, abandonando a la vanguardia obrera. Tuvo oportunidad de liquidar a la reacción, profundizando el proceso revolucionario. Sus intentos de conciliación no sólo no evitaron el golpe, sino que cedieron a la contrarrevolución el terreno necesario para organizarlo.