Un abonito al tema ...
***
Uribe reconoce control de narcotraficantes y paramilitares en estructuras del Estado
Agosto 6 de 2010 | 07:08 AM. | Noticias
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tras 8 años al frente de la Casa de Nariño, reconoció que el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla tienen el control de algunas zonas del país, así como de estructuras del Estado.
"¿Dónde están los responsables de los descuidos del Estado, que permitieron que estas regiones se llenaran de guerrilla, de narcoguerrilla y de narcoparamilitarismo. Ese juicio no se ha hecho"", se preguntó, a pocos días de abandonar su investidura presidencial, el propio Uribe.
En una alocución pública en Montería, Córdoba, Uribe admitió que los actores armados fuera de la legalidad se tomaron el control de ese departamento Caribe durante algunos años, así como de las estructuras del Estado encargadas de realizar los juicios respectivos.
Manifestó Uribe al término de su mandato que ha sido "triste el apoderamiento de la ruralidad y de la vida urbana por todos estos terroristas".
Ante este panorama, las cifras de la propia fiscalía colombiana revelan que los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el marco de un plan para obtener beneficios judiciales y económicos ascienden ya a más de 30.000.
Esa cantidad coloca a estos grupos paramilitares a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles, precisó el portal del Nuevo Diario.
Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, 4.112 ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.
Los ex mercenarios dieron cuenta de 1.085 masacres; 1.437 reclutamientos de menores; 2.520 desapariciones forzadas; 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros, según el informe de la fiscalía.
“El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra”, según el analista Álvaro Villarraga.
Falsos positivos
De acuerdo con el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), difundido por su relator Philip Alston, 95% de las ejecuciones extrajudiciales (que calificó de "sistemáticas y controladas" durante el mandato del presidente Uribe, y que contabilizan al menos 3.084 víctimas) sigue sin resolverse.
El legado de Uribe tras 8 años al frente de los destinos de Colombia dejó como balance la estabilidad del narcotráfico, que unido al paramilitarismo y sus ahora llamadas "bandas emergentes" sigue asolando el país y provocando que el desplazamiento forzado se incrementan y alcance ya a más de 3,5 millones de personas.
Por su parte, la Fiscalía General de Colombia investiga actualmente casi 1.900 asesinatos de civiles ajenos al conflicto armado que fueron interceptados, secuestrados y ejecutados por miembros del ejército, consecuencia de una política del Ministerio de Defensa de ese país, implementada desde noviembre de 2005, con la cual se puso precio a la cabeza de comandantes, lugartenientes y cabos rasos de los grupos armados irregulares, y que ha dado pie al continuo asesinato de inocentes para presentarlos como tales, de acuerdo a un trabajo publicado en El Nuevo Herald.
Seguridad que no es segura
El balance de la política de Seguridad Democrática desplegada de Uribe, el tras 8 años de gestión, dejó un sabor amargo entre los colombianos; a saber, que, según cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre los años 2002 y 2007, unas 1.190 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales).
Mientras que durante los cinco años inmediatamente anteriores (1997 a 2002), se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales).
Esto deja en claro que, durante buena parte de la aplicación de la Seguridad Democrática del presidente Uribe, el total de violaciones al derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado se incrementó en un 87,4% (las desapariciones forzadas aumentaron en 305,17% y las ejecuciones extrajudiciales en 65,51%).
Estas cifras ponen en evidencia que dicha política no ha sido precisamente una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida, sino que, por el contrario, representa para él una gran amenaza.
Según reseñó el portal "colombiadesdeafuera", la parodia de la desmovilización de grupos de autodefensa, ingeniada por el presidente Uribe, se inició desde el año 2002, sin haberse constituido el marco legal para dicho proceso.
Precisó el sitio web que las desmovilizaciones caminaron a paso de tortuga tres años después al emitirse en 2005 la Ley 975, llamada equivocadamente “Ley de Justicia y Paz”.
Uribe se despide también dejando a Colombia en pésimas relaciones con sus vecinos: rotas con Ecuador y Venezuela; tensas con Brasil, Argentina, Bolivia y Nicaragua.
El jefe de Estado colombiano al término de su mandato deja más de 20 millones de personas que viven en la pobreza y más de 8 millones en la indigencia, lo que significa que cerca de 30 millones de personas no tienen los recursos suficientes para disfrutar de una viva digna en su propia patria.