así como la incapacidad del Estado de hacer presencia, aunque sea armada, en amplias zonas rurales del país, impide que se realice el ideal del Estado moderno de monopolizar el uso de la fuerza como recurso complementario a la esencia estatal de usar la política para solucionar los problemas. Y si a esto se agrega la recurrencia de prácticas violentas como mediadoras en el ejercicio de la política, se completa un panorama incierto frente a factores estructurales ‘reacios’ a que comiencen de manera sostenida desarrollos de políticas destinadas a darle un vuelco a la tragedia nacional.
La sombra de los falsos positivos
En otro contexto, aunque ha habido correctivos para evitar que se repitan los mal llamados ‘falsos positivos’, continúa la presión castrense jerarquizada que exige resultados, encabezada por el presidente Uribe. En estos crímenes se juntan una larga historia nacional de violación militar a los derechos humanos, la terca presión presidencial por resultados, que no mide las consecuencias, y el rápido crecimiento del pie de fuerza, con una deficiente preparación profesional y con efectos negativos, como el de facilitar la comisión de delitos en medio del conflicto armado.
El galimatías de las cifras
Otras líneas relacionadas con la PSD se manejan en términos estadísticos. Pero en este terreno existe un verdadero galimatías, ya que las diferentes agencias del Estado disponen de cifras sobre los mismos fenómenos que varían de manera significativa.
Los datos generales sobre reducción de actos terroristas (aunque su definición siga siendo arbitraria), hurtos, secuestros extorsivos y presencia policial en pequeños centros urbanos, no tienen mayor discusión. Pero en los dos últimos años se han presentado serias dudas sobre la disminución de homicidios selectivos, secuestro extorsivo e incluso sabotajes a la infraestructura física. Son frecuentes los cambios en metodologías y estadísticas, y las distorsiones porcentuales en documentos oficiales. Y no existe una sistematización ni depuración en que pueda confiarse.
El color del cristal con que se mira
El único subproducto rescatable del proceso que desembocó en la PSD es la reorganización militar exigida a finales del siglo pasado por Estados Unidos, cuyo efecto positivo, aunque retardado por causa de la incapacidad estratégica del gobierno, ha sido el significativo decaimiento de las FARC.
Sin embargo, en el panorama actual de la seguridad la capacidad militar está sobredimensionada en presupuesto, tropa y equipo. Este exceso se disimula ante la opinión pública con base en el temor y odio inducidos sistemáticamente por el gobierno contra las FARC. Sin duda alguna, una visión política adecuada, que diversificara el tratamiento del conflicto en varias direcciones, mostraría el exceso y a la vez insuficiencia de recursos de la Policía Nacional.
Reelección insegura
El resultado más claro de la PSD es que el gobierno del presidente Uribe haya asumido una responsabilidad total en el manejo de la seguridad, el cual había sido descuidado por gobiernos anteriores. En el de César Gaviria (1990-1994) hubo un intento fallido de manejar en forma directa el asunto, pero es el único antecedente que vale la pena mencionar. Puede decirse que esta es la primera vez en la historia reciente del país en que las autoridades civiles asumen tal responsabilidad.
No obstante, la tarea del gobierno se manejó desde la óptica represiva, sobre todo militar. En el campo de la seguridad se recurrió a iniciativas políticas principalmente para buscar dividendos en la opinión pública con el fin de defender posturas del Ejecutivo de dudoso contenido ético y para ‘criminalizar’ a los críticos del gobierno. No hay claridad alguna en el uso de los esenciales recursos políticos del Estado en materia de seguridad, labor que le corresponde por decisión constitucional. Tampoco se observa que haya una comprensión oficial de la relación que existe entre la inseguridad y la persistencia crónica de agudos problemas sociales del país.
En estas circunstancias, no tiene sentido la pretensión presidencial de ‘reelegir’ la PSD. El gobierno y sus seguidores se han negado a reconocer los profundos vacíos de esa política. La represión oficial, que es legítima, debe ser siempre un complemento y no el sustituto de las políticas que le dan fundamento a un Estado democrático.
Las perspectivas
En medio del grave problema de seguridad que le deja el gobierno de Álvaro Uribe al de Juan Manuel Santos, las expectativas de corrección son altas. Aunque debe tenerse en cuenta que el nuevo Presidente fue parte importante del proceso descrito, muchas de sus actuaciones fueron producto de su ‘necesidad’ de complacer a Uribe. Santos inició su campaña presidencial con gran sigilo y habilidad desde que fue nombrado ministro de Defensa en el segundo periodo de Uribe. Sus éxitos con la PCSD muestran su capacidad y pragmatismo. No obstante el manto de duda que despierta su política de Unidad Nacional, esas condiciones personales abren un esperanzado compás de espera sobre la preeminencia de los imaginativos métodos políticos frente a los represivos e inflexibles métodos militares.
Notas de pie de página
[1] Según la Policía Nacional, entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 31.686 integrantes de las AUC. Revista de la Policía Nacional, Edición No. 3, marzo 2010.
[2] ibidem
[3] Daniel Mejía, “Una evaluación económica del Plan Colombia, CEDE, Uniandes, octubre de 2009.
[4] “Cultivos de coca, los más bajos en 11 años”, en El Tiempo, 24 de abril de 2010.