En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante el 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este articulo, destacando ahora lo que nos interesa: “los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejército Nacional de Colombia, práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia"

Podemos concluir que aún en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el periodo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la “hoja de vida” arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex-presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. La carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

*Enrique Santiago Romero

Abogado español, experto en derecho internacional.
Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998, condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del exdictador chileno Augusto Pinochet y de otros exmilitares chilenos y argentinos responsables de la llamada “Operación Cóndor”.

Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009.

Ha sido secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG´s y organizaciones sociales de España.

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Nota: El contenido del artículo, no refleja en su totalidad, el punto de vista de "Castro Ruz", pero si lo ha dejado preocupado.