Segunda Parte: Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al proyecto de ley: “Acuerdo en materia de informes anuales sobre Derechos Humanos y Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá” (proyecto de Ley 257, Senado).
Plenaria del Senado, 16 de junio de 2010.
El senador ponente, Manuel Enrique Rosero, ha dicho que este proyecto de ley es una “exigencia del gobierno canadiense”, para que el Congreso de ese país ratifique el Tratado de Libre Comercio suscrito por los dos gobiernos. Ya de entrada es perturbadora la idea de que el proyecto sea una exigencia de un gobierno extranjero. No deja de llamar la atención que el ponente lo afirme con toda tranquilidad y no haya una exclamación aquí en este Congreso, sino que pase como otra normalidad a la que nos tiene acostumbrados el gobierno del presidente Uribe.
Pero les quiero explicar a los congresistas y a los colombianos, y espero que algún día nos escuchen, cuál es la historia de la “exigencia” y por qué. Todos sabemos que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, como también el de Colombia y Estados Unidos, están varados en ambos países no por razones económicas, pues tanto canadienses como gringos saben que son ganadores en este negocio, pero en esas sociedades hay sectores que repudian los horrores de la persecución al sindicalismo y las violaciones a los derechos humanos. En los últimos 15 días cayó asesinado un dirigente sindical del Inpec y está gravemente herido un dirigente sindical de la Frontino Gold Mines, una empresa que va ser vendida a menos precio a una trasnacional canadiense. Entonces el gobierno de Canadá ha hecho esta exigencia, que se supone debe darles garantías a los canadienses de que el gobierno de Colombia no va a seguir haciéndose el de la vista gorda frente a las violaciones de los derechos humanos. Ésa se supone que es la lógica de este proyecto y así se lo van a vender a los canadienses y así se lo van a vender a los colombianos. No me sorprendería que el doctor Plata (ministro de Comercio de Colombia), a quien vi por ahí, se parara ahora y nos dijera que este proyecto de ley es el que va a garantizar que por el TLC entre Colombia y Canadá no va a haber más violaciones a los derechos humanos, por supuesto, en Colombia.
Pues bien, me tomé el trabajo, senadores y colombianos, de leer el proyecto de ley. Y lamento decirles que no contiene absolutamente nada, repito, nada, que apunte a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Nada es nada. Está cuidadosamente redactado para confundir a la opinión pública, para transmitir una idea que no se corresponde con la realidad del articulado. Todo se reduce a que el gobierno de Colombia y el de Canadá, cada uno por su cuenta, le van a presentar cada año un informe a sus Congresos, diciendo cómo está la situación de derechos humanos en relación con los Tratados de Libre Comercio. Eso no es nada, nada. Aquí estamos hablando de que en los últimos 15 días hay un dirigente sindical asesinado y otro abaleado y en grave estado de salud. Estoy hablando de dirigentes sindicales, no de trabajadores de base. Tengo entonces que lamentar y repudiar, doctor Plata y colombianos, que el gobierno de Colombia y el gobierno de Canadá se presten para esta pantomima. Porque aquí no hay absolutamente nada que apunte a resolver el problema en la dirección en que se supone se debería resolver.
Es un falso positivo diplomático, utilicemos ese nombre, que están esperando las trasnacionales de la minería en Canadá para seguir impulsando ese Tratado de Libre Comercio diseñado en su beneficio. Quiero contarles, senadores, que hay un problema demasiado grave con la operación de las trasnacionales de la minería canadiense en el país. Hace dos años una trasnacional canadiense, la Colombia Goldfield, compró 150 minas de pequeños mineros en Marmato, las cerró y destruyó los molinos con el cuento de que iba a hacer un proyecto de gran envergadura y esta es la hora en que el proyecto no se ha iniciado y hay un problema gravísimo de desempleo en el municipio de Marmato, en Caldas. También en este momento se adelanta la venta, a mi juicio ilegal, de la Frontino Gold Mines por parte del gobierno colombiano a otra trasnacional canadiense, la Medoro Resources, una venta a menos precio violando los derechos de los trabajadores de esa mina sobre el subsuelo, que les pertenece. La Medoro Resources acaba de comprar también el negocio de la Colombian Goldfield en Marmato. Y hay otra trasnacional canadiense, para no mencionar las demás, la Grey Star Resources, que quiere operar en el Páramo de Santurbán, donde se abastece de agua el municipio de Bucaramanga.
Entonces aquí lo que tenemos es la clásica operación de las trasnacionales canadienses, auspiciadas por el gobierno de Canadá y por el gobierno de Colombia, para permutar negocios por derechos humanos, una operación para reemplazar derechos humanos en Colombia, sacrificados, por negocios para las trasnacionales canadienses. Y el proyecto de ley es como una especie de hoja de parra microscópica, de hoja de parra subdesarrollada, para tapar las desnudeces del gobierno nacional y del gobierno canadiense en lo que a esto respecta. Porque, repito, el proyecto para lo único que podrá servir es para producir titulares de prensa y para que en Ottawa y en Bogotá se diga que el Tratado va a proteger los derechos humanos, cosa que no es cierta de ninguna manera. Quien lea el articulado encontrará que ante lo que estamos es ante una farsa. Les pido entonces a los senadores colombianos que no nos prestemos para esto, que actuemos con responsabilidad, que si va a haber protección de derechos humanos, doctor Plata, se haga en serio, pero que no se monten estas pantomimas para producir titulares en la prensa, para hacerles negocios al capital extranjero, mientras en Colombia suceden los horrores que están sucediendo.
Nota: El proyecto fue aprobado por mayoría en el Senado. Pero todavía tiene que hacer tránsito, el semestre próximo, en la Cámara de Representantes.