Tras no pocos esfuerzos, el Congreso de la República aprobó la semana pasada la reforma tributaria impulsada por el Gobierno que busca obtener recursos por 1,2 billones de pesos anuales para la salud. El esfuerzo fiscal provendrá de nuevos impuestos a los cigarrillos, la cerveza, los licores y los juegos de suerte y azar.
Aunque hay que aplaudir la medida con la que busca garantizarse la cobertura universal del régimen subsidiado y la unificación de los planes de beneficio (POS), el país no debe llamarse a engaños. Se trata de un paño de agua tibia temporal, que no alivia la grave crisis del sistema de salud. De tal magnitud es el problema, que versados analistas coinciden en que este será uno de los huesos más duros de roer para el gobierno venidero, y uno de los asuntos para resolver con mayor prontitud, pues los esfuerzos llevados a cabo a lo largo de los últimos meses para conjurarlo no han logrado enderezar al sector. Hay que reconocer, para empezar, que aun con los nuevos dineros obtenidos vía impuestos, los montos siguen siendo insuficientes.
La recién aprobada ley, por ejemplo, le 'presta' al régimen contributivo alrededor de 800.000 millones para que pueda cubrir, durante los próximos meses, la prestación de los servicios de salud que están por fuera del POS. Pero eso no soluciona el problema de fondo, el mismo que motivó la declaratoria de la frustrada emergencia social: el desbordado crecimiento que estos rubros han tenido. Un vistazo rápido al contributivo, que afilia a cerca de 18 millones de colombianos, deja ver que sus recursos -que provienen exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empleadores- tienen un déficit mensual de 110.000 millones de pesos, que pone en riesgo, no solo la salud de la gente, sino también la estabilidad financiera de hospitales y proveedores. El Fosyga, que es el fondo que administra los dineros del ramo, ya se gastó los ahorros acumulados en épocas de abundancia tratando de conjurar esta situación, a tal punto que también se enfrenta al colapso inminente.
Tal desenlace fue advertido en múltiples oportunidades. Aun así, le estalló en las manos al Gobierno, que reaccionó con una emergencia social cuya caída fue estrepitosa. Al fallo de la Corte Constitucional le siguió una toma apresurada de acciones, que incluyeron la expedición de múltiples normas sobre medicamentos (algunas confusas y contradictorias) para tratar de controlar costos. También estuvo la búsqueda de nuevos recursos, que concluyó con la reforma tributaria aprobada el miércoles.
Los problemas del subsidiado no son menos graves. Es necesario consolidar la universalidad, adoptar un cronograma para unificar el POS de los ciudadanos más pobres con el POS contributivo, purgar el Sisbén para sacarle los más de cuatro millones de colados que tiene, y reformar su operación para dar cobertura nacional y liberarla de tanta injerencia politiquera.
El desafío para el nuevo gobierno es grande; su plan de ajuste deberá concretarse en los próximos seis meses, es decir, antes de que los recursos del maltratado sistema de salud se agoten del todo. En este sentido, la disyuntiva es simple: si la decisión es mantener el actual modelo, habrá que incrementar los ingresos del sistema, lo que supondría un aumento de las cotizaciones o de impuestos que impactarían negativamente el empleo, o restringir el gasto.
Esto no obsta para que, a su vez, se inicie un debate amplio, que concilie conceptos ordenados por la Corte Constitucional, como el de la salud como derecho, aseguramiento equitativo y sostenibilidad financiera que, infortunadamente, no aparecen con claridad en el programa del presidente electo, Juan Manuel Santos. Difícil tarea.
Fuente: El Tiempo.