Y en el servicio exterior...
El otro caso en los que el ******o del Estado incluso ha premiado a polémicos funcionarios como el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega y el ex director del DAS, Jorge Noguera, es el del servicio exterior.
Aunque nadie niega la importancia de la política internacional en la inserción de Colombia en el mundo, las cifras de las misiones con acreditación en el exterior representan un oneroso gasto para el Estado si se tiene en cuenta que los diplomáticos reciben primas especiales anuales de casi 11 millones de pesos, adicionales a auxilios de cesantías y bonificaciones especiales para la recreación, y muchas embajadas y consulados no atienden más de cuatro horas al día.
Un embajador puede ganar hasta 50 millones de pesos (los sueldos más altos los tienen las representaciones en Europa) además de vivir en lujosas casas mantenidas por el Estado."Este es uno de los casos más groseros pues la ley dice que solo el 20% de los cargos diplomáticos son de carrera y el 80% del libre nombramiento y remoción", explica Revelo.
Aquí la torta es bastante amplia. Actualmente Colombia tiene embajadas en nueve países de América del Sur, mientras los consulados alcanzan 42, 15 de ellos en Venezuela y 11 en Brasil. En Centro América y el Caribe, la proporción es de 10 embajadas y 20 consulados. Aquí se cuentan por ejemplo los consulados en las ciudades de Oranjestad y Willemstad en la Isla de Curazao y Paramaribo en Surinam. En Norte América, hay dos embajadas y 13 consulados, 9 de ellos en todo el territorio de Estados Unidos y el resto en Canadá.
En Europa, las embajadas son 15 y los consulados 43 la mayoría de ellos en España (nueve). En Asia las embajadas son siete y los consulados 18 aunque curiosamente no hay representación en Singapur, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) al cual Colombia aspira a ingresar.
En África las embajadas son tres y los consulados siete, aunque cabe mencionar que tres de ellos ejercen funciones ad honorem. Y finalmente en Oceanía hay una embajada y dos consulados en Australia, y uno más en Auckland (Nueva Zelanda), este último también ad honorem. Esto da un total de 47 embajadas y 143 consulados en todo el mundo.
No sobra mencionar las llamadas delegaciones diplomáticas ante organismos multilaterales como la ONU y la OEA en Nueva York y Washington respectivamente; la UNESCO en Paris y la otra sede de la ONU y la OMC, ambas en Ginebra, Suiza. Todos estos funcionarios son seleccionados por el Ejecutivo.
La relación con el poder legislativo
Otros nombramientos que hace directamente el Presidente son los miembros de la junta directiva del Banco de la República (aunque los expertos sostienen que en cargos técnicos la independencia se mantiene con mayor facilidad), y a dos de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.
Adicionalmente el Primer Mandatario también puede nombrar a las cabezas de los institutos descentralizados como el SENA y el ICBF (cada una de estas entidades tiene 33 regionales), lo que propicia que la feria burocrática siga. En el caso de los directores regionales se ha visto la gran incidencia de congresistas en seccionales de estas entidades en distintos Departamentos.
"A veces es normal que las elecciones de jefes nacionales las haga el Presidente pues tiene que rodearse de sus amigos para poder gobernar, pero en las regiones es pura politiquería", apunta Revelo.
En otros casos aunque no elige, el Presidente nomina a los candidatos a ocupar ciertos cargos. Es el caso de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y el Defensor del Pueblo, quienes son seleccionados por el Congreso de una terna que presenta el primer mandatario.
En lo que refiere a los magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador, la terna la completan además de los nominados por el Presidente, los sugeridos por la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Fiscal General, el presidente postula la terna y es la Corte Suprema la que elige la cabeza del ente de Control, una elección que ha mantenido al país en vilo por casi diez meses.
Según el experto Javier Revelo, la reelección propició la concentración de poder en las ramas del poder público pues "el Presidente quedó con facultades para incidir en nuevos nombramientos de funcionarios que se rotan, mientras él no (...) Adicionalmente por la falta de control en el Congreso y las mayorías del partido en el poder, hay elecciones como la del procurador que resultan casi unánimes: El Presidente propone, el Congreso dispone y se sabe quien es el elegido", apuntó el experto.
Aunque este es un problema de los regímenes presidenciales en todo América Latina el sistema de contrapesos se podría mejorar con la ampliación de periodos de los magistrados de las Cortes, tal como sucede en Estados Unidos. "Es el caso más exitoso, aunque incomparable con el caso colombiano entre otras cosas porque allí funcionan las democracias federales y hay mucha autonomía de los gobiernos locales frente al central", explica por su parte Armando Novoa.
La reforma política
Para corregir el sistema hay dos tesis que han hecho carrera: Una de ellas es que se haga una reforma al calendario electoral o bien juntando las fechas de elecciones de Presidente y Congreso como se hacía antes de la Constitución del 91, o bien celebrando primero los comicios presidenciales y luego los legislativos."Esto evitaría que el candidato presidencial quedara atado a las mayorías que se eligen en las parlamentarias y para ser elegido tenga que apoyarse en esos congresistas durante su campaña prometiendo puestos”, acota el experto Novoa.
Otra es hacer una reforma política a fondo que fortalezca la disciplina de partidos, que regule las campañas y que permita que los acuerdos entre bancadas queden abiertos al escrutinio público tal como sucede por ejemplo en países como Gran Bretaña.
"Hay que hacerle un revolcón a fondo al Congreso, cambiando sus sistemas de conformación de listas, la duración y los topes de financiación de campañas, -volverlos completamente estatales- y sancionar drásticamente a los congresistas que negocien al menudeo apoyos a proyectos gubernamentales a cambio de prebendas", añade Novoa.
El analista no obstante sugiere que este cambio solo se podría hacer a través de un acuerdo político ciudadano en una asamblea constituyente de temario limitado pues "reformas de este tipo se han intentado ya en cinco gobiernos sin éxito".
La lamentable tradición de la cultura política colombiana es que la meritocracia no es la regla sino la excepción, lo que hace que cambiar las leyes siga siendo inútil mientras el sistema de favores se mantenga.