Denunciante Platino
 |  La torta que reparte el presidente
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 | ¿Cuántos cargos del Estado son designados por el Presidente? ¿Por qué es importante la meritocracia en un sistema político como el colombiano? Votebien le cuenta qué tan grande es la torta que reparte el Primer Mandatario a la hora de gobernar, lo que explica en buena medida por qué el clientelismo ha hecho carrera en Colombia.
Según la RAE clientelismo es el sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios. En otras palabras, es la repartija del poder y de los puestos, o las llamadas cuotas burocráticas. "Es lo que Álvaro Gómez llamaba el sistema de complicidades: Yo te apoyo para que tu me nombres, es casi una votación para delinquir en la sombra. El Gobierno tiene muchos puestos para mantener alineada a su clientela electoral y aunque tengamos todo tipo de reformas institucionales, es difícil avanzar si no se rompe esa relación incestuosa", opinó en diálogo con Votebien Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural. El clientelismo se ha convertido en un problema de cultura política en Colombia pues para nadie es un secreto que muchos de los apoyos partidistas o particulares durante una campaña presidencial, siempre están buscando algo a cambio. En ese sentido es mucho lo que el mandatario tiene para repartir y pagar favores haciendo uso del ******o del Estado. Sólo en la estructura interna, tiene en su potestad el nombramiento de su gabinete ministerial, es decir 13 carteras que en los próximos años podrían ser 14 si prospera la idea de separar el Ministerio del Interior del de Justicia, una reforma a la que todos los candidatos en contienda calificaron de urgente y necesaria. Además de las Secretarías General, Privada, Jurídica y de Prensa, en las que el Presidente generalmente nombra a sus más inmediatos colaboradores que ejercieron funciones similares en campaña, el primer mandatario también reparte varias consejerías cuya labor muchas veces es desconocida o pasa desapercibida. Actualmente existen ocho, la más conocida de ellas es la Alta Consejería para la Paz, en razón a que el comisionado de Paz quien es su cabeza, ha jugado un rol protagónico en la desmovilización de los grupos insurgentes y paramilitares, así como en las liberaciones de secuestrados. ¿Funcionarios de carrera? En la lista siguen los Departamentos Administrativos directamente adscritos al organigrama de Casa de Nariño, entre los que figuran el polémico Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). A este último órgano le compete nada menos que orientar la selección de personal que ocupan los altos cargos públicos tanto administrativos como diplomáticos, mediante concursos abiertos pues los de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica, también los selecciona el Presidente o los directores nacionales de las entidades. Al DAFP le corresponde igualmente establecer salarios y primas de los funcionarios públicos. Éste no es un dato menor si se tiene en cuenta que muchos expertos han abogado siempre porque se fortalezca la carrera diplomática y administrativa para que los méritos pesen más que las recomendaciones y las palancas, ya que ése es el sistema que propicia el pago de favores. “La Corte (suprema de Justicia) ha ordenado varias veces al legislativo que haga una carrera notarial y hay resistencia de los mismos trabajadores porque se quedan sin el reparto de la burocracia. Fortalecer la carrera administrativa es algo fundamental pues es la administración pública la que se tiene que imponer sobre los políticos y no al revés”, explicó a Votebien Javier Revelo, investigador de Dejusticia, centro de estudios de derecho, justicia y sociedad. Una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura en noviembre de 2006 obligó a que los notarios fueran finalmente convocados por concurso público de méritos y, según el Gobierno de 870 notarios que tiene el país, 620 fueron nombrados bajo este esquema. No obstante, el Congreso logró meterle ciertos "micos" a la ley, y a la hora de la selección pesa más la experiencia y la entrevista que los exámenes de conocimiento, es decir que quienes ya tienen las plazas son más proclives a conservarlas así hayan llegado allí por recomendaciones políticas. El sonado caso de la yidispolítica, en que se pagó con notarias a cambio de votos favorables a la reelección, fue una muestra de cómo se feriaron los apetecidos puestos. Al fin y al cabo un notario se puede hacer hasta 200 millones de pesos al mes, pues su sueldo depende de los ingresos de la notaría y los trámites para los ciudadanos son cada vez más costosos. Varias amnistías legales -la última en 2008- han permitido que funcionarios públicos que estaban en puestos provisionales entraran a hacer parte de la carrera automáticamente sin participar en concurso alguno. "Esto permitió por ejemplo que la Fiscalía estuviera controlada por los barones electorales mucho tiempo y de ahí la impunidad en la investigación de la parapolítica", sostuvo por su parte, Armando Novoa.
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