La cúpula política, implicada en matanzas; hay que enjuiciar al presidente, señala
Bogotá, 14 de junio. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, senador por la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994, jamás imaginó que algún día se sentaría frente a uno de los jefes paramilitares que cometieron el crimen. Mucho menos que como resultado de esa reunión, que tuvo lugar en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, no sólo conocería detalles de la conspiración contra su padre, sino obtendría mucha más información que, espera, permitirá algún día completar un complejo mosaico del gran proyecto de exterminio y expropiación que dio origen a la nueva clase política colombiana, cuya cabeza indiscutible es el presidente Álvaro Uribe.
De manera discreta pero metódica, Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Danilo Rueda, defensor de la comisión intereclesial, y la senadora Piedad Córdoba han viajado a prisiones de Washington, Nueva York, Virginia y otras dispersas en territorio estadunidense para entrevistarse con los 14 capos de los ******os paramilitares que fueron extraditados hace dos años.
Antes de su partida a prisiones estadunidenses, esos paras se habían acogido a la llamada Ley de Justicia y Paz, fraguada por la fiscalía como recurso de impunidad, ya que les ofrecía penas de máximo ocho años y laxas condiciones carcelarias a cambio de sus confesiones. En poco tiempo, en las famosas versiones libres, los paras confesaron su responsabilidad en más de 21 mil homicidios en los años 90, la ubicación de fosas comunes, hornos crematorios y su vinculación con políticos y gobernantes de todos los niveles. Para detener el daño potencial de sus revelaciones, Uribe los entregó a la justicia de Estados Unidos.
Pero nosotros sí queremos saber la verdad. Y ése es el propósito de nuestro trabajo, afirma Cepeda.
Entre sus interlocutores se encuentra Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Diego Murillo, Don Berna; Jorge Tovar, J-40, y Carlos Mario Jiménez, Macaco, por citar los más sanguinarios.
Ellos son lugartenientes, los jefes son otros
El objetivo de esa investigación es uno, explica Cepeda: Que entreguen a la justicia nacional o internacional sus testimonios y las pruebas sobre quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso que llaman jefes paramilitares no son más que lugartenientes de unas estructuras criminales mucho más complejas. Ellos hacían el trabajo sucio. Pero las grandes ganancias materiales y las grandes posiciones políticas las obtuvieron otros. Ésa es la verdad que necesita Colombia, y eso se va a lograr.
–¿Qué tanto han aportado hasta ahora? ¿Qué intereses tienen ellos en colaborar con ustedes en ese fin?
–Son distintas motivaciones; habría que ver caso por caso. Obtener rebajas de penas es una de sus peticiones. Otros quieren poner a salvo a sus familias. Abiertamente nos dicen que no hablan con toda la fluidez que quisieran, porque sus familias están amenazadas. Y también quieren ajustar cuentas con quienes, según su opinión, los han traicionado.
Han sido conversaciones muy largas de las que nada se conoce aún. Pero Iván Cepeda admite: “Hemos escuchado cosas de extrema gravedad que comprometen a la cúspide del poder político. Y sin duda lo que tenemos apunta a esclarecer la responsabilidad del más alto nivel de muchas de las masacres en las que figuras como los Castaño, Mancuso y Don Berna fungían como jefes de ejércitos particulares. Pero en momentos claves lo que hacían era cumplir órdenes de un proyecto mayor, superior al de sus propios planes y estructuras.”
Para Iván Cepeda, filósofo de formación y forzado también al exilio en dos ocasiones, el contenido de la lucha por los derechos humanos en Colombia es inevitablemente político, porque tiene que ver con los cimientos del poder.