Aterrador”
Por: Gustavo Gallón

ASÍ CALIFICÓ EL GOBIERNO HACE ocho años el nivel de subempleo: 61% del empleo urbano.
Para reducirlo propuso ampliar la jornada laboral diurna hasta las 10:00 p.m., y reducir los recargos salariales por horas extras, dominicales y festivos, entre otras medidas incluidas en la Ley 789 de 2002. A cambio ofreció, cual culebrero, “crear 160.000 empleos por año (640.000 en cuatro años)”.

Hoy, el subempleo sigue siendo aterrador: 58%. Y el desempleo también: 13%. Algunos dicen que la reforma tuvo otros efectos positivos, como incrementar las afiliaciones a la seguridad social. Otros dicen que la reforma generó una mejora en la calidad de los empleos. Lo cierto es que el Gobierno no ha probado que se hayan creado los 640.000 empleos prometidos.

Tampoco se sabe cuánto perdió toda la clase trabajadora con estos recortes, pero sí fueron varios billones de pesos. El sector de vigilantes asalariados, único que ha sido estudiado en forma, ha perdido más de un billón desde cuando se inició este descomunal atraco: $514.400 millones entre 2003 y 2006. Cada vigilante ha perdido en promedio más de $8 millones hasta ahora ($1’151.000 por año). Esta redistribución del ingreso al revés parece ser la clave de la fórmula gubernamental de “confianza inversionista”.

Según la Constitución y los tratados internacionales, para adoptar o mantener una política “regresiva” como ésta, “las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso”. La Corte Constitucional le concedió a la Ley 789 el beneficio de la duda al respecto cuando la revisó por primera vez en 2004. En una segunda oportunidad, la Corte se abstuvo de analizar los resultados de su aplicación en 2008. Una Comisión Legislativa de Seguimiento y Verificación, creada por la propia Ley 789, también se ha abstenido de hacerlo.

Más aún, el Gobierno hizo hundir en el Congreso el año pasado un proyecto de ley que cínicamente calificó de “contrarreforma”. La contrarreforma fue la Ley 789, que luego de la Ley 50 de 1990 terminó de arrasar con una concertación histórica entre sindicatos, empresarios y Gobierno (la “Comisión de Alto Nivel”), pacto social que fue la respuesta a una aguda crisis política en 1965. Uno de sus frutos fue el decreto 2351, que abolió la “cláusula de reserva” y prohibió el despido sin justa causa para trabajadores con antigüedad superior a diez años.

El Gobierno además se ha opuesto al desarrollo del artículo 53 de la Constitución sobre derecho al trabajo y libertades sindicales. Hay quienes pretenden eliminar el salario mínimo y seguir recortando derechos sociales, como los aportes parafiscales. Lo aterrador entonces es que se persista en esa actitud regresiva, en vez de ajustarse, si no a los pactos sociales, por lo menos a los tratados interestatales. Es mejor que ese ajuste se haga internamente y pronto, como lo dispuso la propia Ley 789 (art. 46, parágrafo), antes de que un tribunal internacional ordene hacerlo, para que no nos sigamos aterrando.

* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

Gustavo Gallón

Con Petro derrocaremos esta reforma y lograremos dignificar el trabajo!