Los informes se piden a diferentes autoridades del país, entre ellas, la Fiscalía y la Cancillería. En esa lista de asuntos ya figuraban la parapolítica, el proceso de Justicia y Paz y las actividades y apoyos de grupos guerrilleros por fuera del territorio nacional.
En un reporte oficial de sus actividades, la Oficina del fiscal Moreno reseñó que hay preocupación por las libertades ordenadas por jueces civiles en los casos contra los militares procesados por los falsos positivos: órdenes judiciales que en su momento fueron muy criticadas por el Gobierno Nacional.
El informe destaca que por orden del Ejecutivo varios de esos militares siguieron confinados en instalaciones castrenses y que "el Fiscal de la Corte Penal está monitoreando esa situación".
Colombia está en una lista de seis países que son seguidos de cerca por la CPI, pero en los que no lleva casos concretos. Esa opción solo se daría si lo pide el mismo Gobierno o si se demuestra que el Estado no puede o no quiere juzgar a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tema de la efectividad de la justicia en los falsos positivos también ha sido tocado en reuniones del fiscal Moreno con autoridades colombianas.Se habló en una reunión con el fiscal (e.) Guillermo Mendoza Diago a finales de enero y con Carlos Franco, responsable del tema de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.