Con relativa prudencia lo vino a ratificar una comisión que creó el Gobierno para salirle al paso a la crisis. Integrada por el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, el abogado Ramiro Bejarano, el asesor presidencial José Roberto Arango y el ex director (e) del DAS Emiro Rojas, a principios de enero de 2006 concluyó que “el desorden en el manejo del recurso humano, así como la invasión de competencias de unos funcionarios a otros, hizo vulnerable el DAS a la penetración de agentes extraños a su finalidad”.
En otras palabras, admitió lo que hoy empieza a probarse. Entre cuatro directores generales de inteligencia y seis directores generales operativos, se filtró mucha gente rara. La justicia tiene claro que muchos paramilitares rasos pasaron por el organismo en los días de la desmovilización, a otros se les entregó pasado judicial sin merecerlo, y entre unos y otros, el paramilitarismo hizo de las suyas uniendo en sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total.
No obstante, para principios de 2006, la cotidianidad era otra. La reelección presidencial se abrió paso, la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que formalizó el proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas empezó su vía crucis, vinieron los debates en el Congreso que antecedieron al escándalo de la parapolítica y apareció un nuevo blanco: los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El DAS los siguió, les interceptó sus teléfonos, averiguó sus cuentas, pero no pudo encontrar nada extraño para desprestigiarlos.
El 8 de octubre de 2007, el presidente Uribe anunció al país que funcionarios del CTI y el magistrado auxiliar de la Corte Suprema y principal investigador de la parapolítica, Iván Velásquez Gómez, le habían ofrecido beneficios procesales al detenido José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, a cambio de que lo comprometiera en el asesinato de un paramilitar apodado René. Después se supo que fue un montaje y esta semana Salvatore Mancuso admitió que lo hizo su colega Juan Carlos El Tuso Sierra y que el DAS sabía de esa vuelta.
El Tuso Sierra y otros 14 jefes paramilitares más fueron extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Hoy, desde distintas cárceles a regañadientes tratan de esclarecer la verdad que siempre taparon y, en este episodio llamado Tasmania, el ex comandante Salvatore Mancuso acaba de decir que “en ese complot participaron María del Pilar Hurtado, directora del DAS, y Marta Leal, funcionaria de inteligencia”. Y agregó lo que hoy también empieza a ratificarse: "Los detalles del caso los tiene Juan Carlos El Tuso Sierra".
Pero dijo algunas cosas más que quedaron en el aire: que dos de sus segundos, alias Felipe y alias Andrés o Jairo Angarita fueron enlaces en el DAS con Jorge Noguera, y que la firma Control Total participó en las labores de seguridad para él y los demás jefes de las autodefensas, con paramilitares desmovilizados que él mismo escogió. Y también desde Estados Unidos empieza a procesarse otra verdad inesperada: en las labores de seguimiento e infiltración a la Corte Suprema de Justicia también se sumaron los de Control Total.
Lo hicieron infiltrando a dos escoltas de dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como la empresa de Juan Felipe Sierra sólo vino a quedar en evidencia hasta agosto de 2008 cuando se supo que tenía nexos permanentes con los mandos principales de alias Don Mario, conocidos como John Manco y Camilo Torres, alias Fritanga, sumados a los paramilitares que decían escoltar, complementaron la tarea en la que también estuvo empeñado el DAS, es decir, averiguarles la vida a los magistrados para buscarles la caída.
De eso apenas empieza a enterarse la justicia, como en 2008 comprobó que el gerente de Control Total, Juan Felipe Sierra, mantenía estrechos contactos y comprometedoras conversaciones no sólo con sus contratantes en el Estado, sino también con los directores de las fiscalías de Medellín y Montería, Guillermo León Valencia Cossio (hermano del Ministro del Interior) y Perla Dávila, con el general de la Policía de Antioquia Marco Antonio Pedreros; con personal del Gaula de Valledupar y, por supuesto, con la gente del DAS.
Parafraseando el nombre de la empresa, era el control total, y al parecer la empresa de Envigado, que funcionaba desde el año 2000 con licencia de funcionamiento renovada en 2008, tenía el mismo objetivo que compartieron el DAS y los paramilitares: neutralizar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La razón no podía ser otra que sus investigaciones de la parapolítica. Hoy Control Total es una empresa cancelada, pero en las investigaciones del presente, aunque con su gerente libre, tiene mucho que contar.