Venezuela investiga a colombianos detenidos por espionaje y propósito de sabotaje
Ministro de Interior venezolano, Tareck El Aissami, dijo que están a cargo de una fiscalía militar.
Luego de una semana de silencio, las autoridades venezolanas confirmaron la detención de ocho ciudadanos colombianos a quienes investigará por supuesto espionaje e intenciones de sabotaje, según confirmó el ministro de Interior y Justicia del país, Tareck El Aissami.
"Se les incautó una cámara fotográfica con imágenes de varias subestaciones eléctricas del país, del sistema interconectado nacional y de la infraestructura vial", enfatizó el ministro al dar las razones de la detención de los Luis Carlos Cossio (52 años) y su sobrino político, Santiago Giraldo (21), quienes fueron aprendidos en el pueblo de Río Caribe, en el venezolano estado Sucre.
En seguida fue allanada su residencia y su heladería en el estado Barinas, donde se detuvo al resto de las personas (la pareja de Cossio, otros dos sobrinos, un trabajador de la fábrica de helados que tienen en el estado Barinas y otros dos colombianos que ahí se encontraban).
Según el ministro, en ambos lugares se consiguieron algunos documentos en inglés y otras cosas de "interés criminalísitico" sin precisar exactamente qué cosas y su relevancia, aunque para él la sola nacionalidad de los detenidos "ya es un elemento preocupante".
La familia Cossio-Giraldo tenía 6 años radicada en el llanero estado de Barinas. Sus allegados aseguran que el señor Luis Cossio es un aficionado de la fotografia y que tiene cientos de imágenes de toda Venezuela. Todos son colombianos a excepción de Isabel Giraldo, sobrina del señor Cossio, venezolana y tiene 19 años.
Aunque al principio el tío y el sobrino permanecieron varios días retenidos en el estado Aragua y el resto de la familia en Barinas, todos fueron trasladados el fin de semana a Caracas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se recluyen a las personas señaladas por cometer delitos políticos.
Algunas personas que han podido contactarlos confirmaron a EL TIEMPO que todos se encuentran muy angustiados por su situación, aunque bien de salud y que han sido bien tratados por las autoridades venezolanas.
Hasta el momento no pesa ninguna acusación formal sobre ellos, pero permanecerán detenidos mientras la Fiscalía Militar adelanta las investigaciones, para las cuales la ley venezolana establece un plazo de 30 días y otros 15 en caso de ser necesario.
El caso está radicado en los tribunales militares del estado Aragua, próximo a la capital, y el consulado de Colombia en Valencia será el que vele por los derechos de estos ciudadanos.