Su presidente (e) Jaime Arrubla, dijo que habría que conformar un "bloque de búsqueda", tras la pista de los dineros.
Ni uno sólo de los 7.000 millones de pesos anunciados por el Gobierno Nacional para la mejora en los esquemas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha llegado a ese alto tribunal, según lo denunció su presidente (e) Jaime Arrubla Paucar.
El alto funcionario judicial dijo que si los dineros ya han sido girados, habría que conformar un "bloque de búsqueda" para ir tras su pista, pues hasta ahora no se ha recibido esa asignación presupuestal.
El señalmiento del magistrado antioqueño se dio tras la salida de la reunión que sostuvieron algunos integrantes de la Colegiatura con el saliente presidente costarricense, Óscar Arias, de visita en Colombia, quien expresó su admiración y solidaridad para con la Corte, asediada por el crimen organizado.
Indicó que, desde el momemtno en que se hicieron públicas las denuncias por amenazas y hostigamientos en contra de los más altos representantes de la Justicia, sus esquemas de seguridad no han variado en lo más mínimo, pese al anuncio del equipo económico del Gobierno en favor de esta iniciativa.
La denuncia se produjo sólo cinco días después de que el mismo Arrubla Paucar hubiera revelado el arribo de numerosos correos electrónicos intimidatorios en contra de una magistrada auxiliar de la Sala Penal.
Al parecer, ello significaba una "cuenta de cobro", por parte de supuestos reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Boyacá, en respuesta a algunas de las decisiones de esa Sala.
Recientemente, la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señaló que era un compromiso del Gobierno garantizar la seguridad de los magistrados y que el rebrote de la persecusión en su contra podría ser motivado, entre otras razones, por las sindicaciones del Ejecutivo contra las determinaciones de la Justicia.