La Corte Constitucional está analizando la necesasidad de que el Gobierno decretara el estado de excepción. Si deja sin piso la decisión del Presidente, habrá que hacer una reforma sustancial al sistema de salud para solucionar los problemas que presenta.
¿Qué pasa si se cae la emergencia?
Si eso ocurre, el Gobierno estaría en bastantes apuros. Así lo reconoció el propio presidente Álvaro Uribe al enterarse del concepto del magistrado Palacio. “Me preocupa mucho la noticia sobre la ponencia. El Gobierno, con toda diligencia, hará la exposición de todos los argumentos porque es una situación que se nos complica bastante”, dijo.
Buena parte de las decisiones que se tomaron durante ese período de 30 días que duró el estado excepcional apuntaba a conseguir plata para cumplir la Sentencia 760 emitida por la Corte Constitucional.
En aquella providencia, el Tribunal ordenó ajustes severos al sistema de salud. Pedía, entre muchas otras cosas, que el Estado se pusiera al día con lo que le adeuda a las EPS, las clínicas y los hospitales, y unificar los planes de beneficios de los más pobres con los de los asalariados.
“Al caerse la emergencia social, el Gobierno tiene que entrar a solucionar la crisis coyuntural de la salud”, advierte Óscar Rodríguez, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional. Eso implicaría hacer un esfuerzo presupuestal para cumplir las órdenes de la Corte y seguir garantizando la atención en salud.
Sí hay una plata que es del sistema y que se podría obtener sin decreto alguno. De acuerdo con Rodríguez, “el mismo Gobierno calcula que controlando los recobros al Fosyga, el sistema de salud puede ahorrar cerca de 400.000 millones de pesos anuales”.
Otra plata que se puede obtener haciendo buenos controles son unos 700.000 millones de pesos que se les han girado a clínicas y hospitales públicos para cubrir la seguridad social de personas que ya no trabajan en ellas.
Según explicó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en su momento, “desde el año 94 se viene haciendo ese pago. Hay unos recursos que se han venido acumulando en las entidades. Por ejemplo, en los fondos de pensiones hay recursos que a pesar de que los han recibido, no tienen un destinatario específico porque, por decir algo, a lo largo del año, se retiró el trabajador del hospital, pero al mismo tiempo la plata se le seguía girando al fondo, porque desde el principio del año se hacía todo lo que era la nómina del sistema general”.
Entonces la solución propuesta durante la emergencia social fue depurar las listas de personas que siguen vinculadas a las clínicas y los hospitales y “encontramos que allí puede haber entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. Estamos recogiendo ese dinero para ayudar al saneamiento de las deudas que tiene el sector de la salud”.
De suerte que hay plata que se puede inyectar al sistema con “un trabajo conjunto entre la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía”, según el profesor Rodríguez.
Pero, de cualquier forma, la plata no alcanza para solucionar todos los problemas, como lo argumenta la ponencia del magistrado Palacio. Entonces el sistema requeriría una reforma general que debe tramitar el Congreso, de acuerdo con las explicaciones del investigador del CID.