El MOE explica que los vínculos que denuncia se establecen porque los candidatos están siendo investigados por nexos con grupos paramilitares o porque son puestos por políticos juzgados que intentan legislar en cuerpo ajeno. Del actual Congreso por lo menos 90 senadores y representantes a la Cámara, mayoritariamente de la coalición gubernamental, fueron o son investigados, procesados y sentenciados por vínculos con las AUC, en causas seguidas por la Corte Suprema.
El investigador y representante de la organización colombiana Movimiento de Observación Electoral (MOE), Ariel Ávila, denunció este miércoles que por lo menos 80 candidatos que aspiran a ocupar un escaño en el Congreso en las elecciones del próximo domingo son investigados por tener nexos con paramilitares de ultraderecha o son familiares de políticos acusados de ese delito.
"La mayoría de los aspirantes con presuntos vínculos a grupos armados ilegales presentan su candidatura por partidos políticos de la coalición del gobierno de Alvaro Uribe, entre ellos el Partido de Integración Nacional (PIN) y el de la U (Partido Social de Unidad Nacional,) ", afirmó Ávila a una radio lacal.
El representante de la organización no gubernamental explicó que los vínculos que denuncia se establecen porque "los candidatos están siendo investigados por nexos con esos grupos o porque son candidatos puestos por políticos juzgados por ello y que intentan legislar en cuerpo ajeno".
Otra de los miembros del MOE, Claudia López, calificó como inquietante esta situación, "en especial en los departamentos del Valle del Cauca (sur), Casanare (centro), Magdalena y Bolívar (norte) donde se concentra el mayor número de candidatos que nos preocupa".
El domingo 14 de marzo, los colombianos renuevan las dos cámaras del Congreso y eligen a los representantes del Parlamento Andino.
Un tercio de los 268 miembros del actual Congreso ha sido investigado, encarcelado o condenado por vínculos con paramilitares.
En este sentido, López reiteró que la narcopolítica y la parapolítica pudiera estar financiando con recursos económicos de origen ilícito a esos 80 aspirantes.
Por este tipo de casos, ya fueron vinculados a los paramilitares de las las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) un significativo número de congresistas electos en 2006.
Por lo menos 90 senadores y representantes a la Cámara, mayoritariamente de la coalición gubernamental, fueron o son investigados, procesados y sentenciados por nexos con las AUC, en causas seguidas por la Corte Suprema, recordó López.
Según el gobierno del presidente Álvaro Uribe, las Autodefensas Unidas de Colombia se desintegraron en 2006 con el desarme de más de 31 mil activistas.
No obstante, el proceso de desmovilización implementado por el Ejecutivo no ha cumplido con los objetivos, pues han surgido otras bandas paramilitares como las Águilas Negras que, en muchos casos, se han vinculado al narcotráfico.
Las Águilas Negras están dedicadas básicamente al crimen organizado. Este grupo armado nació hace dos años en el departamento de Norte de Santander (nororiente) y ha ocupado espacios dejados por los llamados paras, especialmente en las regiones de Santander (nororiente), Cesar (noreste), Caquetá (suroriente) y Antioquia (noroccidente).
Un informe publicado por una Organización no Gubernamental (ONG) colombiana revela que la Política de Seguridad Democrática, impulsada por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, desde que llegó al poder se debilita por falta de recursos económicos y ha llevado a una "nueva generación de paramilitares".
Al conflicto de seguridad ingresó una "nueva generación de paramilitares", que actúa principalmente en Medellín.
"En el país tenemos cerca de unos 11 mil activos", aseguró el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia.
Algunas organizaciones reflejan que 18 congresistas que aparecen en expedientes judiciales relacionados con la parapolítica mantienen sus aspiraciones de ser reelectos para un nuevo período legislativo.