El gobierno de los Estados Unidos entregó este jueves su habitual informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en el mundo. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, fue la encargada de explicar las conclusiones del estudio, en el cual Colombia recibe tanto elogios como serias críticas (ver informe sobre Colombia en español).

Temas como los falsos positivos, las chuzadas del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y los programas de ciudadanos informantes, entre otros, son citados en el informe.

“Persisten muchos problemas sociales y abusos oficiales a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones ilegales, colaboración de militares insubordinados con grupos armados ilegales y el acoso de periodistas y grupos de derechos humanos”, dice.
Sobre el caso puntual de las interceptaciones ilegales el estudio sostiene que el Gobierno, en general, respetó las leyes en torno a la privacidad, pero que algunos organismos de seguridad del Estado no lo hicieron y vigilaron sin orden judicial a ciudadanos.

“Vigilancia por parte del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, organizaciones de derechos humanos y activistas, líderes de la oposición (...) Los informes de prensa indicaron que la vigilancia del DAS incluían la supervisión física de las personas y sus familias, teléfonos, e-mail y el recaudo de datos personales y financieros”, sostiene.

Más adelante, en el capítulo sobre corrupción y transparencia gubernamental, el informe habla del polémico programa AIS.

“El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y otros funcionarios del ministerio resultaron implicados en un escándalo relacionado con el uso inadecuado de riego del Ministerio de Agricultura y el programa de préstamos de drenaje. Continuaron las investigaciones a finales de año”, dice.

Sobre este particular, el propio Arias, en diálogo con medios radiales, calificó el informe como un “sancocho” y lamentó que para su construcción se hayan utilizado recortes de revistas que hablaron sobre el tema AIS pero no incluyeron muchas situaciones.

Igualmente, la propuesta del Gobierno para que civiles informen sobre el accionar de los delincuentes fue objeto de críticas, pues -dice el documento- dicha actividad pone en riesgo de represalias a la población.

“El gobierno continuó con el uso voluntario de informantes civiles que denuncian las actividades terroristas e identifican a los terroristas. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos criticaron esta práctica como objeto de abusos y por ser una amenaza a la intimidad y otras libertades civiles”, dice y advierte que en agosto pasado la ONU instó al Gobierno colombiano a que garantizara que los niños no eran utilizados en este tipo de prácticas.

Respecto al sindicalismo, el Departamento de Estado registró que Colombia "respetó este derecho en el sector privado. Sin embargo, no se cumplió plenamente el derecho a la negociación colectiva en el sector público". Las garantías de los sindicalistas son uno de los puntos que tienen estancada la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el Congreso de ese país.

Pero no todo son críticas. El Gobierno estadounidense destaca que “Colombia continuó con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente al implementar la Ley de Justicia y Paz”.

Así mismo, asegura que en los primeros diez meses del 2008 los asesinatos en Colombia se redujeron en 6%, y los secuestros en 14%, con relación al 2007.

También responsabiliza a las guerrillas de las Farc y del Eln, a las cuales califica como “terroristas”, de la violencia que vive el país.

“Las Farc y el Eln cometieron abusos contra los derechos humanos: asesinatos políticos, la utilización generalizada de minas terrestres, los asesinatos de los miembros fuera de servicio de las fuerzas de seguridad pública y los funcionarios locales, los secuestros y desapariciones forzadas, desplazamientos masivos de personas, soborno y la intimidación de jueces, fiscales , y los testigos, violación de los derechos ciudadanos a la intimidad, las restricciones a la libertad de circulación, reclutamiento generalizado de niños soldados, ataques contra activistas de derechos humanos, la violencia contra la mujer, incluidas la violación y los abortos forzados y hostigamiento, intimidación y asesinatos de maestros y el comercio sindicalistas”, son los delitos de estos grupos enumerados por el Departamento de Estado en su informe.

Este informe se construye con la información que aportan las embajadas estadounidenses en las distintas capitales, las que a su vez se basan en datos aportados por organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos, la academia y la prensa local.


El gobierno de los Estados Unidos entregó este jueves su habitual informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en el mundo. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, fue la encargada de explicar las conclusiones del estudio, en el cual Colombia recibe tanto elogios como serias críticas (ver informe sobre Colombia en español).

Temas como los falsos positivos, las chuzadas del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y los programas de ciudadanos informantes, entre otros, son citados en el informe.

“Persisten muchos problemas sociales y abusos oficiales a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones ilegales, colaboración de militares insubordinados con grupos armados ilegales y el acoso de periodistas y grupos de derechos humanos”, dice.
Sobre el caso puntual de las interceptaciones ilegales el estudio sostiene que el Gobierno, en general, respetó las leyes en torno a la privacidad, pero que algunos organismos de seguridad del Estado no lo hicieron y vigilaron sin orden judicial a ciudadanos.

“Vigilancia por parte del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, organizaciones de derechos humanos y activistas, líderes de la oposición (...) Los informes de prensa indicaron que la vigilancia del DAS incluían la supervisión física de las personas y sus familias, teléfonos, e-mail y el recaudo de datos personales y financieros”, sostiene.

Más adelante, en el capítulo sobre corrupción y transparencia gubernamental, el informe habla del polémico programa AIS.

“El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y otros funcionarios del ministerio resultaron implicados en un escándalo relacionado con el uso inadecuado de riego del Ministerio de Agricultura y el programa de préstamos de drenaje. Continuaron las investigaciones a finales de año”, dice.

Sobre este particular, el propio Arias, en diálogo con medios radiales, calificó el informe como un “sancocho” y lamentó que para su construcción se hayan utilizado recortes de revistas que hablaron sobre el tema AIS pero no incluyeron muchas situaciones.

Igualmente, la propuesta del Gobierno para que civiles informen sobre el accionar de los delincuentes fue objeto de críticas, pues -dice el documento- dicha actividad pone en riesgo de represalias a la población.

“El gobierno continuó con el uso voluntario de informantes civiles que denuncian las actividades terroristas e identifican a los terroristas. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos criticaron esta práctica como objeto de abusos y por ser una amenaza a la intimidad y otras libertades civiles”, dice y advierte que en agosto pasado la ONU instó al Gobierno colombiano a que garantizara que los niños no eran utilizados en este tipo de prácticas.

Respecto al sindicalismo, el Departamento de Estado registró que Colombia "respetó este derecho en el sector privado. Sin embargo, no se cumplió plenamente el derecho a la negociación colectiva en el sector público". Las garantías de los sindicalistas son uno de los puntos que tienen estancada la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el Congreso de ese país.

Pero no todo son críticas. El Gobierno estadounidense destaca que “Colombia continuó con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente al implementar la Ley de Justicia y Paz”.

Así mismo, asegura que en los primeros diez meses del 2008 los asesinatos en Colombia se redujeron en 6%, y los secuestros en 14%, con relación al 2007.

También responsabiliza a las guerrillas de las Farc y del Eln, a las cuales califica como “terroristas”, de la violencia que vive el país.

“Las Farc y el Eln cometieron abusos contra los derechos humanos: asesinatos políticos, la utilización generalizada de minas terrestres, los asesinatos de los miembros fuera de servicio de las fuerzas de seguridad pública y los funcionarios locales, los secuestros y desapariciones forzadas, desplazamientos masivos de personas, soborno y la intimidación de jueces, fiscales , y los testigos, violación de los derechos ciudadanos a la intimidad, las restricciones a la libertad de circulación, reclutamiento generalizado de niños soldados, ataques contra activistas de derechos humanos, la violencia contra la mujer, incluidas la violación y los abortos forzados y hostigamiento, intimidación y asesinatos de maestros y el comercio sindicalistas”, son los delitos de estos grupos enumerados por el Departamento de Estado en su informe.

Este informe se construye con la información que aportan las embajadas estadounidenses en las distintas capitales, las que a su vez se basan en datos aportados por organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos, la academia y la prensa local.