Condenan a cadena perpetua a cuatro hombres por enterrar vivas a cinco mujeres en Pakistán
El hecho ocurrió en la región suroccidental de Baluchistán en el verano de 2008, informaron fuentes judiciales citadas por diversos canales paquistaníes.
La corte antiterrorista del distrito de Nasirabad condenó a Ghaus Bux, Sardar Alá Bux, Muhamed Arif y Rehmatulá a cadena perpetua, algo que según juristas consultados acaba suponiendo una estancia aproximada de 25 años en prisión, mientras que otras 16 personas fueron absueltas por falta de pruebas.
El veredicto tuvo una acogida agridulce entre defensores de los derechos humanos y analistas, quienes aplaudieron que algunas personas reciban castigo por el crimen pero observaron que "seguramente" los verdaderos culpables han quedado impunes.
"La cuestión es quiénes son estos nombres... ¿son realmente los culpables o son cabezas de turco de gente poderosa, de líderes feudales?", declaró a la cadena privada 'Dawn' la reputada activista paquistaní Tahira Abdulá.
De acuerdo con la versión ofrecida por la Comisión Asiática de Derechos Humanos, tres mujeres jóvenes y dos mayores de la aldea de Baba Kot fueron secuestradas en julio de 2008 y luego enterradas vivas por miembros de su tribu, la de los 'umrani', en una zona despoblada de Baluchistán, por haber intentado algunas de ellas casarse con maridos de su propia elección.
Los hechos suscitaron un gran revuelo mediático semanas después de haber ocurrido, cuando fueron denunciados por las organizaciones de derechos humanos, y cobraron trascendencia por la supuesta implicación de un alto cargo político, cuyo nombre no figura entre los imputados.
Para ser agilizado, el caso fue enviado a un tribunal antiterrorista, pero tanto el Gobierno como instituciones judiciales acusaron a la Policía en diversas ocasiones de falta de colaboración y errores en sus investigaciones.
La sentencia coincide con la firma por parte del presidente, Asif Alí Zardari, de una ley para la protección de la mujer contra el maltrato en el lugar de trabajo que impulsa la apertura de investigaciones y estipula penas de cárcel para los agresores, informaron fuentes de grupos activistas.
El pasado enero, Zardari ya había ratificado una enmienda del código penal para que la ley entrara en vigor.