st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }

ELECCIONES 2010
El candidato del Polo está en aprietos por culpa de una demanda. Según el concejal Orlando Parada, la reforma política lo inhabilita para participar en las elecciones. Petro dice que es un manotazo a sus derechos políticos.
Jueves 4 Marzo 2010


CONFLICTO
ETA y Farc, una vieja amistadVarios periódicos de España llevaron este miércoles en su primera página la información sobre las evidencias de los nexos entre las Farc y ETA.
Con las revelaciones del juez español sobre la colaboración entre ambos grupos ilegales y el presunto apoyo que se les da desde Venezuela, revive la relación de estas organizaciones que tiene más de 17 años de historia.

El próximo lunes el Consejo Nacional Electoral decidirá si el candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, puede ser o no candidato a la Presidencia. Una demanda contra su inscripción tiene en vilo el futuro de su campaña política.


El demandante de la candidatura de Petro ante el Consejo Nacional Electoral es del concejal del partido de La U, Orlando Parada. En su criterio, la reforma del artículo de la Constitución “restringe la participación en política de ex guerrilleros, así como de ex paramilitares y narcotraficantes”.

En la demanda Parada argumenta que el candidato del Polo, además de haber pertenecido a la guerrilla, fue condenado por el general Jesús Armando Arias Cabrales a dos años de cárcel, antes de que hiciera parte del proceso de paz que dio lugar a la Constitución de 1991.

“Lo que yo quiero es que haya claridad jurídica sobre la participación de personas que han pertenecido a grupos ilegales en política. El fallo del CNE puede resolver la duda sobre si los ex guerrilleros o ex paramilitares pueden o no ser candidatos” explicó Parada.
El artículo que reformó la Constitución no fue creado con el propósito de vulnerar los derechos de políticos de quienes participaron en el proceso de paz de finales de los ochenta. Su objeto fue restringir la entrada a la política de quienes hayan pertenecido a grupos ilegales o a bandas narcotraficantes, de manera general.

En su cuarto debate, el mismo Petro denunció que el artículo podía restringir el derecho a la participación de los ex militantes del M-19, lo cual calificó en su momento como “un atentado contra la paz”. En las discusiones de la reforma, sin embargo, los ponentes y congresistas intentaron ajustar la redacción para que no se prestara para cerrar los espacios de los ex guerrilleros que también fueron parte de la Asamblea Constituyente y participaron en la redacción de la Carta Magna.

Pero su redacción quedó ambigua y no hizo la salvedad de que los ex combatientes que hicieron parte de los acuerdos de paz que dieron lugar a la Constitución están habilitados para ser funcionarios públicos o candidatos para algún cargo de elección popular. En el proceso de conciliación de la reforma, entre Cámara y Senado, después de que fueron aprobados dos textos distintos, la mayoría de los conciliadores decidieron aprobar el artículo que impide a ex guerrilleros y desmovilizados de cualquier grupo ser funcionario público o contratista del Estado.

“Fue un manotazo que dio el Gobierno para arrebatarnos nuestros derechos políticos. Con la reforma se intentó quitar del camino a uno de los rivales del Presidente, previendo que él podría ser candidato”, dijo en las últimas horas Petro a Semana.com.

No obstante, la misma Constitución en el artículo 179 dice que no podrá ser congresista quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, “salvo por delitos políticos o culposos”. Además, la Carta, en el artículo 197 también señala que los requisitos para ser Presidente son los mismos que para ser congresista. En otras palabras, de estos artículos se infiere que quien haya sido condenado por delitos políticos puede ser Presidente.

“El uribismo reformó los artículos que impiden que los ex militantes del M-19 podamos ser celadores de una escuela o contratistas del estado, pero no los que dicen que podemos ser congresistas o presidentes”, dijo Petro.

Para el ex constituyente Armando Novoa “existen en la Constitución dos normas con un alcance diferente”. O sea, la reforma aprobada en junio, que establece inhabilidades de manera general a todos los ex integrantes de grupos ilegales y la que abrió la puerta, cuando se creó la Constitución, para que los indultados o amnistiados pudieran ser funcionarios públicos.

En criterio del ex constituyente, “la aplicación de la norma para el caso del examen de la candidatura de Petro debe ser la específica y no la general, o sea la que permite la participación en política de los que fueron condenados por delitos políticos”.

En la demanda, que fue interpuesta el pasado 26 de febrero, Parada le pide al CNE que verifique si Petro fue condenado en un proceso judicial y si tiene antecedentes penales.

El candidato a la Presidencia por el Polo inscribió su candidatura el 24 de febrero. Sin embargo, antes de hacerlo, le pidió al Consejo de Estado que certificara si contaba con las calidades constitucionales para hacerlo. El Consejo de Estado suscribió e 22 del pasado mes, que “el candidato ha acreditado que reúne las calidades exigidas por el artículo 191 de la Constitución para el desempeño de cargo de Presidente de la República”.

Este miércoles el CNE había programado una audiencia para escuchar los argumentos de la defensa de Petro. Sin embargo, según informó el magistrado Marco Emilio Hincapié, “no se presentó ninguna de las partes”. El caso será estudiado por la magistrada Adelina Covo, y el lunes se conocerá la decisión final del tribunal electoral.

Ahora corresponde al CNE definir el alcance de la reforma política aprobada en junio. Lo que está en juego no es un asunto menor. Como dijo Petro, “no es solo mi candidatura”, se trata de la legitimidad del proceso de paz en el que personajes como Antonio Navarro, Antonio Navarro Wolff, actual gobernador de Nariño (M-19); Otty Patiño, quien se ha desempeñado como Jefe de la Oficina del Observatorio de Culturas del Distrito de Bogotá (M-19); Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (EPL); y, por supuesto, el actual aspirante a la Presidencia Gustavo Petro (M-19), entre otros, recuperaron sus derechos políticos, a elegir y ser elegidos.