 Respuesta: Presidente uribe, !cuidado con el elefante..!
¿Por qué el Ministerio de Defensa está empeñado en culpar a soldados inocentes..?
Nadie se lo explica. Nadie sabe por qué algunos importantísimos funcionarios públicos desean socavar la moral del ejército y entregar a sus mejores hombres en manos de guerrilleros amnistiados y simpatizantes de estos.
El hecho es que de una buena fuente se sabe que tan pronto el Consejo de Estado emitió su fallo anulando este Acto Administrativo, el general Fredy Padilla de León, el general Carlos Suárez Bustamante y el ministro Gabriel Silva se reunieron de urgencia para determinar el paso a seguir. De esa reunión se definió que debía mantenerse el Acto Administrativo en firme y seguir permitiendo que los militares fueran investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
Una razón por la cual estarían tratando de arreglar el entuerto, es porque con este fallo cualquier ciudadano puede denunciar a Mario Iguarán y Camilo Ospina por Prevaricato. Se les friega sus aspiraciones diplomáticas y de la fiscalía, a Iguarán y Ospina, y haría tambalear peligrosamente las banderas de Juan Manuel Santos, quien siendo ministro emitió las directivas ministeriales 10 y 19 basadas en este inconstitucional Acto Administrativo, que son su estandarte de campaña como prueba de respeto a los derechos humanos ante las ONG internacionales.
¿Quiénes ganan con esto…?
Sin ninguna duda, gana la guerrilla y ganan sus auxiliadores.
De no mantenerse la Justicia Penal Militar, los soldados no están dispuestos a seguir combatiendo por la sencilla razón de que con toda seguridad serán juzgados y declarados culpables, sin derecho al debido proceso.
El general Carlos Suárez Bustamante ha dicho ya en la Escuela militar de Cadetes y en la Escuela de Guerra, que todo militar que esté investigado por la Fiscalía debe ser retirado.
Esto se traduce en que si una patrulla entra en combate con la guerrilla y se dé baja a un delincuente, puede ser investigada por la Fiscalía y, por tanto, toda la patrulla es retirada del servicio definitivamente. ¡Esto va a exterminar completamente las Fuerzas Armadas…!
Mientras públicamente el ministro Silva y los generales Padilla de León y Suárez Bustamante, dicen defender a las Fuerzas Militares, por debajo del escritorio están haciendo todo lo contrario.
¿Se está buscando que frenen los bombardeos que tantas bajas ha ocasionado entre los guerrilleros…? Es posible.
Lo cierto es que el ministro de Defensa y los generales Padilla de León y Suárez Bustamante están abusando de su autoridad acabando con la Justicia Penal Militar y desconociendo los artículos constitucionales que la respaldan. Si quieren acabar con este mecanismo, que se haga sin violar la Carta Magna en aras de proteger intereses personales.
Lo cierto también es que el Presidente Uribe se está dejando meter gato por liebre de sus propios ministros y generales. También está cediendo a las presiones de las ONG internacionales (manipuladas por la Internacional Socialista) con el manido argumento de la impunidad, algo falso porque la Justicia Penal Militar también ha proferido condenas de 20 y 30 años a quienes ha encontrado culpables de delitos.
Hay que reconocer que existen hombres en el ejército que no están a la altura de la institución. Han ocurrido crímenes no relacionados con el ejercicio de la profesión, han ocurrido abusos y muchas cosas más. Si bien es cierto que la Justicia Penal Militar no tiene un cuerpo propio de investigación técnico científica que tenga facultades de policía judicial no existen investigadores, es mejor dotar a la JPM de este cuerpo de investigadores, que entregar a los militares a la ignominia a la cual se les está entregando.
EL DERECHO PENAL MILITAR es vital para asegurar la protección del Estado y la supervivencia misma del Estado de Derecho. Es necesario controlar y organizar el ejercicio de la fuerza militar que suceda en la búsqueda de asegurar la permanencia del derecho, y esto se hace mediante la limitación de la actividad de los integrantes del ******o coercitivo a los patrones establecidos en la Ley contemplada y administrada, ya se dijo, en la Justicia Penal Militar.
Defender la Justicia Penal Militar es, por tanto, defender la misma Constitución. Y si los militares no lo hacen, civiles como Lorena Leal están dispuestos a hacerlo.
Así, según el Dr. Fernando Londoño, “el documento emitido por el Ministerio de Defensa es de una pobreza jurídica aberrante… pero lo más grave del asunto no es eso, sino la intención del ministerio de postrar a nuestras Fuerzas Militares..”
Sí. Las Fuerzas Militares, la institución que nos puede salvar de la destrucción del país, la institución que ha impedido que estemos bajo entero control de terroristas y narcotraficantes, está siendo atacada por quienes deberían defenderla con más ahínco: El ministerio de Defensa y los altos mandos militares.
Qué tragedia…
Publicado por Ricardo Puentes Melo
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