Baltasar Garzón pide a juristas de todo el mundo declarar en proceso en su contra
El juez es acusado en España de prevaricato por investigar desapariciones de la Guerra Civil.
El abogado de Garzón presentó este miércoles un recurso contra un auto de un juez del Tribunal Supremo que la semana pasada estimó que existen "indicios de presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente".
En este recurso, el juez español pide al Supremo que cite a declarar a Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y Eugenio Raúl Zaffaronni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, uno de los jueces que declaró la nulidad de la ley de Punto Final y Obediencia Debida en 2005.
También llama a Juan Guzmán, juez chileno que abrió varias causas a responsables de la dictadura de Augusto Pinochet; Sergio García Ramírez, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Eduardo Freiler, presidente de la Cámara federal de Buenos Aires y autor de las resoluciones sobre la inaplicabilidad de las leyes de Punto Final.
La organización Amnistía Internacional y los españoles Joan Garcés y Fernando Magán, abogados de víctimas de varias causas de justicia universal en España, también son citados entre otros, según el recurso presentado por el abogado de Garzón, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española.
A todos ellos se les llama a declarar como "testigos" de "la existencia de interpretaciones usuales en la comunidad de los países civilizados que aplican las normas de derecho penal internacional", es decir, de la defensa de la jurisdicción universal.
El juez español podría ser suspendido temporalmente de sus funciones si lo decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, debido a que es investigado por sus pesquisas sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y por unos honorarios que cobró por impartir un curso en una universidad de Nueva York.
El martes, el CGPJ pidió un informe a la fiscalía sobre la suspensión de funciones a Garzón, primer paso para que el consejo se pronuncie al respecto.
Pero este miércoles el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, indicó que se opondrá a ello.
Garzón comenzó a investigar en octubre de 2008 la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el posterior franquismo alegando que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", es "permanente".
Pero la fiscalía se oponía a esta investigación --que habría sido la primera sobre esa etapa en España--, amparándose en una ley de amnistía española de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época. Poco después renunció a ella y trasladó la causa a varios juzgados territoriales.
El sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios españoles, se querelló contra Garzón alegando que no era competente para efectuar esa investigación, a lo que se suma otra denuncia reciente de la formación ultraderechista Falange Española de la JONS.
El juez es objeto también de una denuncia, admitida en enero, de dos abogados por los 200.000 euros percibidos por unos cursos patrocinados por el banco Santander impartidos en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Garzón, de 54 años, conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, tiene en su haber importantes casos anticorrupción y contra el terrorismo y el narcotráfico.