 Respuesta: ¿Qué pasa en la ciudades?
Defensa y seguridad
Pensar en una política de seguridad para las ciudades implica, sobre todo, voluntad del gobierno. La Política de Seguridad Democrática fue diseñada para los problemas de 2002 cuando la guerrilla y los paramilitares tenían el país cercado. Ocho años después, el mayor desafío es el crimen organizado. Por eso se requiere una estrategia de largo plazo, como la que se ha tenido para combatir a las Farc.
El desafío es muy grande. La Policía requiere por lo menos 80.000 hombres más en todo el país, y, aun si hubiera recursos, sólo se pueden recibir 25.000 cada cuatro años por las restricciones de la capacitación. Quizá también se necesita crear, como lo ha propuesto el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, bloques especializados con alta tecnología e inteligencia. Segundo, a pesar de que el sistema penal acusatorio es más ágil porque es oral, inexplicablemente sólo se está resolviendo el 5 por ciento de los homicidios. Se requiere evaluar las fallas y reforzar la investigación, así como nombrar más jueces de conocimiento y garantías. Y tercero, la falta de oportunidades especialmente para los jóvenes, en las ciudades sigue siendo el gran catalizador del crimen y de la movilidad social por la vía de la ilegalidad, por eso se necesitan ofertas de empleo y educación más contundentes.
Lo triste y paradójico es que hace un lustro muchos previeron el escenario actual y pronosticaron que, por lógica, poco a poco la inversión militar se orientaría hacia la labor de la Policía y la justicia, y a las ciudades. Pero la coyuntura de tensiones con Venezuela les ha dado un giro a estos planes. En los años pasados, sólo el 9 por ciento del impuesto al patrimonio se invirtió en la Policía, y el resto en las Fuerzas Armadas y equipos para la defensa. Ahora, cuando la situación de inseguridad ciudadana es aún más crítica, buena parte del nuevo impuesto se debería orientar para fortalecer la política criminal.
No obstante, "el problema no es sólo de vigilancia y control, sino de prevención", dice la directora de Medicina Legal, Luz Janeth Forero. Y en ese sentido, los alcaldes, las instituciones y las elites locales también tienen responsabilidad, y no sólo la Policía.
Aunque el gobierno muestre con orgullo que las cifras de homicidio se han reducido a la mitad durante el gobierno de Álvaro Uribe, existe una tasa de muertes violentas muy por encima del promedio de América Latina. Algo que nos aleja de ser un paradigma en materia de seguridad.
|