Escrito por The wall street jounal / Mary Anastasia O'Grady

En momentos en que Estados Unidos se prepara para enviar a 30.000 soldados adicionales a
Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narcoeconomía, la
experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.
El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), que opera en la región bananera de Urabá, también un
centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.
El ex comandante guerrillero Daniel Sierra Martínez, alias "Samir", se entregó a las autoridades
colombianas en diciembre de 2008 en respuesta a una oferta de reconciliación nacional del
presidente Álvaro Uribe. A cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo
que hizo durante las dos décadas que perteneció a las Farc.
La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que se sentara conmigo
y me hablara sobre su experiencia como guerrillero.
Samir me dio mucha información sobre el negocio de cocaína de las Farc y su explotación de
la población civil en zonas designadas por "organizaciones no gubernamentales" como
"comunidades de paz". También me dijo que los supuestos pacifistas que dirigen la ONG local
eran sus aliados y una herramienta importante de las Farc en su esfuerzo por desacreditar al
ejército.
En un discurso en septiembre de 2003, el presidente Uribe expresó su temor ante la posibilidad
de que algunos grupos de "derechos humanos" fueran fachadas para los terroristas. La
izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que
representa al estado de Connecticut, atacó al presidente colombiano por hacer esas
declaraciones. Pero los comentarios de Uribe estaban respaldados por información recaudada
por los servicios de inteligencia de Colombia. Ahora, el testimonio de Samir y de muchos otros
que han salido de la selva, da a la aseveración de Uribe más peso.
El territorio del quinto frente incluye un pueblo llamado San José de Apartadó, que fue
designado como una comunidad de paz a mediados de los años 90 siguiendo un plan
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propuesto por la diócesis católica. La idea era crear un lugar donde la población civil pudiera
vivir sin miedo de los paramilitares o la guerrilla. Como reporté en noviembre de 2003, "la
administración de esta propuesta, que prometió el pleno desarmamiento de todas las partes
residentes en la 'comunidad de paz', fue puesta en manos de un grupo compuesto por
personas de distintas congregaciones religiosas llamado Justicia y Paz, una ONG colombiana.
Justicia tiene el respaldo de Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz.
Pero la comunidad de paz de San José de Apartadó, según Samir, distaba mucho de ser
neutral. En cambio, dice, las Farc tenían una relación cercana con sus líderes desde sus
inicios.
Samir dice que la comunidad de paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las
Farc y para almacenar suministros médicos. También dice que proveedores del grupo armado
se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre habían también cinco o seis miembros
de las Brigadas Internacionales de Paz.
Según Samir, la comunidad de paz ayudó a las Farc en su esfuerzo por tildar al ejército
colombiano como un violador de los derechos humanos. Cuando la comunidad se alistaba a
acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los "testigos"
ordenando a miembros de las Farc que posaban de civiles para que dieran su testimonio.
Edward Lancheros, un miembro del consejo de la comunidad de paz y sus asociados (que
incluyen un sacerdote jesuita llamado Javier Giraldo y a Gloria Cuartas, la alcaldesa de
izquierda de la municipalidad que incluye a San José de Apartadó), insistieron que la "paz"
requería que el ejército se mantuviera alejado de esa zona. Pero los paramilitares no estaban
dispuestos a acatar dicha convención. Cuando hubo enfrentamientos entre las Farc y los
'paras', dice Samir, la comunidad de paz jugó un papel determinante en darle forma a la historia
para fomentar que el público culpara al gobierno.
Un incidente de este tipo ocurrió en el año 2000, cuando los paras detuvieron a una
ambulancia que transportaba a una guerrillera enferma y le dispararon. Samir dice que la
comunidad de paz dijo que ella era un miembro de su grupo y alegó que el ejército la mató. La
comunidad también ayudó a ocultar la presencia de las Farc en la zona. En 2005, dijo Samir,
un guerrillero de las Farc llamado "Alejandro" fue asesinado por paras. La comunidad de paz
insistió en que era un civil que hacía parte su grupo.

Samir dice que no estuvo de acuerdo con la decisión de las Farc de involucrarse en el
narcotráfico y de trabajar con paramilitares que transportan droga. También objetó la
explotación de la población local por parte del grupo guerrillero. Cansado de todo ello, lideró un
intento por poner coto a los abusos de las Farc y, en 2008, más de dos docenas de zonas
declararon su independencia de la comunidad de paz. Samir fue entonces acusado de ser un
infiltrado del ejército y el secretariado de las Farc ordenó que fuera sometido a un consejo de
guerra. Samir decidió entonces entregarse.
Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el
gobierno. Pero lo que no puede negarse es que mientras las Farc han sido desacreditadas por
el grueso de la población rural, es el ejército de Colombia, no la así llamada comunidad de paz,
la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.
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