Por 60 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó en su último debate la modificación constitucional. Este era el sexto intento del Gobierno por lograr la aprobación de este proyecto.
De esta forma, el artículo 49 de la Constitución señala que el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, pero hace una salvedad cuando se trate de "estricta prescripción médica".
Así mismo, se establece que "con fines preventivos y rehabilitadores", el Estado se encargará de generar "medidas pedagógicas, profilácticas o terapéuticas para quienes consuman dichas sustancias".
Tras la votación llevada a cabo en la plenaria del Senado, los ministros del Interior, Fabio Valencia, y de Protección, Diego Palacio, lo mismo que el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, presentes en el recinto, no pudieron ocultar el júbilo que les generó el respaldo que el Congreso finalmente le dio a este acto legislativo, el cual era prioritario para el Gobierno.
Ante la plenaria el ministro del Interior Fabio Valencia calificó el hecho como "un paso histórico en la lucha contra el narcotráfico, la producción y, especialmente, el consumo de la droga que hoy, lamentablemente tiene agobiada a la sociedad colombiana".
"A partir del trámite de esta Reforma, el Estado comenzará a gestionar todo lo necesario para atender al adicto como a un enfermo. El país tiene que estar tranquilo porque con esta iniciativa se fortalecerá la lucha contra el tráfico, el microtráfico y el consumo de las sustancias estupefacientes", aseveró el Alto funcionario.
Aclaró que el proyecto no penaliza el porte y consumo de sustancias estupefacientes, sino que lo prohíbe. Enfatizó también que no habrá cárcel para los enfermos adictos, pero sí se perseguirá a los expendedores de droga.
"No hay penalización para el consumidor. Ésta no es una reforma para penalizar al adicto, no hay sanción, lo que hay es ofrecimiento por parte del Estado de tratamientos para los adictos, es decir, las personas que están enfermas por esta adicción, van a ser acompañados por el Estado, a través de medidas administrativas de carácter pedagógico y de tratamiento médico, de otro lado, los jíbaros o distribuidores de drogas ilícitas serán perseguidos sin contemplación, así como las ollas donde se venden y distribuyen esas drogas", explicó Valencia Cossio.
Por su parte, el senador Armando Benedetti, rechazó la decisión del Senado y la posición del Gobierno, y aseguró que "es mentira que con eso van a acabar con el consumo, con las ollas y con los jíbaros". Y agregó que "hoy el Congreso es más anacrónico".
Esta disposición abre la puerta para que se discuta en el Congreso una ley que reglamente el acto legislativo. Esta incluiría iniciativas para el tratamiento y la atención de los adictos.
Con su aprobación en el Senado el acto legislativo de dosis mínima superó las dos vueltas y los ocho debates que ordena la ley, para entrar inmediatamente en vigencia.
Esta era la sexta vez que esta iniciativa llegaba al Congreso en el actual Gobierno. Los cinco anteriores se hundieron antes de ser aprobados.
Así quedará el texto del artículo 49 de la Constitución
"El porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médicas. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto".