| Denunciante Bronce
 |  Respuesta: ¿Y por qué no avanzan las investigaciones de otros miles de amenazados? (leer completo)
¿Y de las amenazas creíbles qué? En este país hay amenazas que por su procedencia y por el contexto realmente tienen en peligro a mucha gente. En varios de esos casos, aunque las autoridades están al tanto, la respuesta de las víctimas cuando se les pregunta en qué van las investigaciones es con frecuencia la misma: “eso se quedó así”. El caso más reciente de amenazas masivas conocido por Semana.com ocurrió el 29 de octubre. Se trataba de un correo llamado “quinto boletín electrónico Águilas Negras” en el que ese grupo armado declara objetivos militares a ONG defensoras de derechos humanos y de desplazados en Bogotá y Cundinamarca. “Declaramos amenazas y muerte contra todas las organizaciones sociales que apoyan la labor de los desplazados y las políticas de las Farc y las organizaciones de desplazados a nivel nacional y con especial interés a las que se oponen a las políticas de búsqueda de soluciones a los desplazados planteadas por el gobierno...” En seguida, aparece una lista con 160 nombres de personas, la mayoría con apellidos y residentes de Bogotá. “Sabemos dónde viven, con quién viven, los recorridos que hacen, con quiénes andan y quiénes les ayudan”. Fuentes que han estado cerca de estos casos, le contaron a Semana.com que ni siquiera han recibido las medidas de protección que ofrece el Ministerio del Interior para población en riesgo de muerte por amenazas. El reciente informe de la corporación Nuevo Arco Iris, titulado ‘¿El declive de la seguridad democrática?’, dice que “desde el 2006 en adelante, la modalidad predominante del uso de la fuerza por los neo-paramilitares es la amenaza e intimidación, que corresponden a más de la mitad de las actividades registradas de estos grupos, aunque hay que hacer salvedad que esas amenazas tienden a estar subestimadas por el riesgo que supone la denuncia ante las autoridades o ante la prensa.”. A los sindicalistas los mantienen en la mira. Según William Millán, secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), la justicia es muy ineficiente cuando amenazan a los sindicalistas. “Sólo recuerdo la captura del culpable de las amenazas a un sindicalista en Tuluá, Valle. En el resto de amenazas, la justicia no ha actuado oportunamente”. En el sindicalismo, el caso de un empleado de la Universidad del Valle es emblemático. “Lo han amenazado muchas veces y le ha tocado irse a vivir a varias ciudades, por las persecuciones que le han hecho. Cuando fue a poner la denuncia ante la Fiscalía, le tocó madrugar y no alcanzó a que lo atendieran. Duró tres días solamente para que le recibieran la denuncia”, cuenta Millán. En el caso de los periodistas, las cosas no es que sean mejores. De las 65 amenazas a periodistas que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha recibido este año, en ninguna se han reportado avances judiciales. Se han presentado casos de comunicadores que denuncian amenazas, y no son llamados a ampliar sus declaraciones o son citados mucho tiempo después. Otros casos se cierran sin más ni más porque supuestamente no hay pruebas suficientes. Según un reporte reciente de la FLIP, “los procesos judiciales por casos diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas.”. Y más adelante, enfatiza en que “es claro que no les llegará represión judicial alguna” a los autores de amenazas que logran amordazar a los periodistas. Aunque parezca paradójico, quienes investigan esas amenazas y piden celeridad y acción a la justicia también son amenazados. Andrew Hudson, de la ONG Human Rights Firts, ha estudiado bastante el caso colombiano. Con base en sus hallazgos, dice que “la reacción de la justicia para iniciar procesos contra personas que amenazan a los defensores es pésima. La mayoría de las violaciones de derechos humanos en contra de los defensores se quedan en la impunidad. Con esta cultura de impunidad, no hay mecanismos para disuadir los ataques en contra de activistas”, le dijo a Semana.com. Frente a este problema, a los afectados, por medio de organizaciones, les toca hacer cabildeo para buscar el apoyo de organismos internacionales. “Gracias a Dios, hemos recibido la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de las agencias de Naciones Unidas”, le dijo una fuente que maneja asuntos de derechos humanos. Como parte de esa ayuda, se inició la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos. Pero eso no traerá justicia por sí solo. Se necesita la acción eficiente de los organismos judiciales de Colombia. Y sí pueden hacerlo. Ya lo demostraron en el caso de Jerónimo Uribe. Ahora tienen que hacer la tarea con el resto de colombianos amenazados.
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