La cesión de las bases colombianas a los Estados Unidos se camufla bajo el inofensivo nombre de “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América del 3 de noviembre de 2009”. Este documento a lo largo de un preámbulo y 25 artículos define la que con razón ha dado en calificarse como la peor entrega de la soberanía nacional en la historia de republicana de Colombia.
Allí se parte de reconocer la necesidad de “…enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, para concluir que se debe fortalecer “…la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares”.
La cadena de iniquidades contra la soberanía nacional es interminable. La presencia de colombianos en las operaciones aéreas se dará sólo si son “invitados” por los Estados Unidos. En las bases estarán no solamente los soldados y contratistas, sino también las “Personas a cargo”, todos figuran allí por autorización del Departamento de Defensa Norteamericano y se les otorgan los privilegios, exenciones e inmunidades del personal diplomático. Ellos tendrán inmunidad por la comisión de delitos en territorio colombiano y en tal caso, serán entregadas a las autoridades de Estados Unidos en el menor tiempo posible y estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia, pudiendo ingresar o salir del país hasta por 90 días, con trámites migratorios expeditos y eximidos del impuesto de ingreso, salvo que utilicen aeropuertos comerciales, lo que supone vuelos directos desde las bases a Estados Unidos.
Se los exonera de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes y sobre los fondos que se utilicen, los cuales podrán sacarse del país en cualquier momento.
Todos los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso. Lo que se acuerda no es solamente la cesión de las siete bases sino que tendrá que permitirse, sin cobro de alquiler y costos parecidos, el acceso y uso de todo lo demás que necesiten los gringos para su construcción. Al final, Colombia sólo tendrá la propiedad de los bienes anclados en tierra y los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de entrega pero si podrán cobrar compensaciones por mejoras u obras construidas.
Las gabelas no paran aquí. Las aeronaves de Estados Unidos no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa; los buques de guerra, no estarán sujetos a tasas de señalización marítima y fondeo y, tanto aeronaves como buques no se someterán a abordaje e inspección alguna. Además, se exime del pago de peajes en las vías nacionales y Colombia deberá asumir esos costos por el uso que hagan de vías en concesión.
Los bienes importados o exportados por los Estados Unidos en relación con las bases no serán objeto de inspección alguna y los bienes de uso personal están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en nuestro país.
Los vehículos tácticos estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia y los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos vinculado con las bases no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia.
Se concede a los Estados Unidos la facultad de recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, libres de inspección y detención y sujetos de inviolabilidad diplomática. Asimismo, podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, lo que los coloca en posesión de nuestro espectro electromagnético.
Las eventuales controversias serán resueltas por medio de consulta entre las Partes, incluso, si fuera necesario, a través de la vía diplomática, en todo caso, nunca se remitirán para su solución a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar, ni a terceros.
El acuerdo tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su firma, prorrogable por períodos adicionales de diez años y su terminación debe avisarse con un año de anticipación a la expiración del plazo convenido.
Los alcances del nuevo tratado van mucho más allá de lo que públicamente se reconoce. Abarcan prácticamente todo. Allí se habla de que Estados Unidos y Colombia ”… acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, de tal manera que el ejército colombiano queda convertido en un apéndice del de Estados Unidos para todas sus agresiones e intervenciones, pues el acuerdo define su objetivo como la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, “Entre otros”, esto último, una especie de cheque en blanco que puede justificar cualquier tropelía imperialista.