Como alarmante podría describirse el diagnóstico que la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación hace de la administración de estos recursos en varios municipios de Antioquia.

Esta unidad, responsable de la Interventoría Administrativa y Financiera (IAF) que se hace de la ejecución de estos recursos, reveló que de 106 entidades territoriales que reciben regalías en Antioquia, hay 49 suspendidas, es decir, para las que el giro de recursos está bloqueado.

Pero eso no es lo más grave. Amparo García Montaña, directora de Regalías, indicó que Yondó es el segundo receptor de regalías en el departamento, después de la Gobernación de Antioquia, sin embargo, es en el que mayor número de irregularidades se han detectado.

"La alarma es total en Yondó porque de las vigencias 2008 y 2009 se han evidenciado más de 195 presuntas irregularidades en materia de contratación, de manejo del presupuesto, de información documental y de violación a la ley de regalías", dijo la funcionaria.

Felipe Márquez, líder de la interventoría en la zona, explicó que en este municipio, un contrato para la adecuación de acueducto y alcantarillado en 36 unidades educativas, terminó con que no solo se aumentó el valor del proyecto en 98 por ciento, hasta alcanzar 5.800 millones de pesos, sino que las obras a satisfacción se entregaron solo en tres unidades educativas.

Alcides Hoyos, asesor Jurídico de este municipio, desestimó el informe y comentó que "ellos no tienen la última palabra y se tiene que surtir el debido proceso".

Al respecto, la directora de Regalías afirmó que Planeación tiene una labor restrictiva, de control y vigilancia. "Usamos los mecanismos que la norma nos permite, pero, una vez identificadas las irregularidades emitimos copias ampliamente documentadas a los organismos de control correspondientes para que dentro de su competencia procedan".

Municipios en rojo
La funcionaria de Planeación Nacional recalcó que dadas las actuales circunstancias, hay que intensificar las tareas de vigilancia y control en los municipios de Yondó, Tarazá y Puerto Nare, así como con Maceo, Segovia y Remedios, en donde también se han detectado irregularidades. Dentro de las mismas destacó la ejecución de infinidad de contratos de mínima cuantía para la asignación de estos recursos en Puerto Nare.

El alcalde de esta localidad, Héber Abad Ramírez, replicó que como el municipio tiene su población tan dispersa es necesario atender algunas necesidades mediante este mecanismo. Afirmó que estos contratos se hacen en la medida que surjan las necesidades de la población.

Situación similar se presentó en Tarazá, donde se aprobó la ejecución de un programa de prevención al embarazo en mujeres entre los 10 y los 20 años de edad. Felipe Márquez comentó que se detectó el desembolso de 200.000 pesos para varias personas que atendieron a estas capacitaciones, tres de ellas, menores de edad.

Amparo García aseguró que la labor de esta interventoría se realiza en tiempo real y que los equipos de la IAF están trabajando de la mano con las administraciones. "Les hemos hecho partícipes de estas alertas y de la forma en que de alguna manera se puedan redireccionar. Sin embargo, hay situaciones tan graves y consolidadas que es imposible actuar. Solo resta reportar a los organismos de control".

La funcionaria advirtió del costo social que tiene suspender los giros a un municipio. "Hay municipios que tienen retenidos montos importantes. Anorí que tiene suspensión desde agosto de 2007 y tiene retenidos más de 246 millones de pesos. Santa Fe de Antioquia está suspendido desde mayo de 2005 y tiene retenidos más de 110 millones de pesos".