Las instituciones no quedaron satisfechas con el presupuesto que tendrán el año entrante. Justifican que en los últimos años sus gastos se han incrementado y la adición de dinero que aprobó el Congreso no va destinada a cubrirlos.

El Congreso acaba de aprobar una adición de 160 mil millones de pesos para la educación universitaria pública en el presupuesto de 2010.

Esa plata era la que venían pidiendo las universidades estatales. Pero no quedaron satisfechas. La razón es que esos recursos no entrarán a sus cuentas para cubrir sus gastos internos. De acuerdo con lo aprobado por los congresistas, ese dinero fue dividido en cuatro porciones. Para cada una, las directivas de las universidades tienen reproches.

Tal es el descontento, que el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, dijo que demandará esta decisión ante la Corte Constitucional.

De esa plata, 18 mil millones de pesos son para pagarles a las universidades los descuentos del 10 por ciento que hicieron en las matrículas de los estudiantes que presentaron certificados de haber votado en las últimas elecciones. “Ese dinero no es una adición presupuestal. Es una deuda en la que el gobierno se está poniendo al día con las universidades, porque por primera vez reconoce que debe pagar ese gasto”, explica Ángela González, gerente financiera de la Universidad Nacional.

Otros 30 mil millones de pesos fueron destinados para que Colciencias financie más investigaciones académicas. “Esos recursos no nos ayudarán a pagar nuestros gastos. Para acceder a ellos, las universidades se tienen que presentar a una convocatoria y si ganan, son para invertirlos en investigación, no en gastos de funcionamiento o nóminas”, añade González.

De aquel monto aprobado por el Congreso, 70 mil millones son para el Icetex. La idea es ampliar la cobertura. “Si uno mira las funciones del Icetex, son de carácter financiero, para que los estudiantes puedan pagar sus matrículas. Eso estaría muy bien si las matrículas de las universidades públicas fueran muy costosas, pero no lo son”, comenta la gerente financiera de la Nacional.

Y el resto, que son 42 mil millones de pesos, provienen del presupuesto de las mismas universidades. Del presupuesto anual que les enviara el gobierno, éstas debían entregar el 2 por ciento al Icfes, para su sostenimiento. Ahora, lo que se hizo fue trasladar ese aporte al Ministerio de Educación.

Según la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, esa plata servirá para achicar la brecha de ingresos que tienen las universidades por cada estudiante, pues mientras la Nacional recibe al mes casi 9 millones de pesos por cada uno, hay universidades en las regiones que apenas reciben 3 ó menos. También se usará para ayudar a pagar los sueldos de los profesores, según explicó Vélez en RCN Radio.

Al respecto, González, de la Nacional, dice que “esa plata no puede ser vista como un aporte para las universidades porque sale de nuestro mismo presupuesto”.

El costo de educar bien

Entonces, ¿qué es lo que quieren las universidades? Pues que, en serio, les ayuden a pagar todos los gastos que tienen. Es que en 1992 se emitió la Ley 30, que dijo que el incremento de los aportes para las universidades se haría con base en el IPC de cada año. Por ejemplo, la plata que el gobierno les giró a las universidades en 2009, debió hacerse con base en el incremento del costo de vida en 2008.

Pero “la interpretación de los gobiernos ha sido que el incremento sólo se hace con base en el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento de la oferta educativa, que a primera vista parecen ser del mismo monto, pero en realidad no lo son”, según ha dicho en varias ocasiones Moisés Wasserman, rector de la Nacional.

Lo que pasa es que desde que se emitió aquella ley, han aparecido nuevas leyes, decretos y fallos de la Corte Constitucional que incrementan los gastos de las universidades. Nunca se dice de dónde se van a financiar, sino que les toca a las mismas instituciones extender su presupuesto para poder pagarlos.

Una revisión de la financiación de la Nación para las universidades públicas realizada por los vicerrectores financieros de siete instituciones, da cuenta de cómo se han incrementado los gastos.

Para empezar, el nivel académico de las universidades tenía que mejorar, pues “en la década de los 90, las universidades en general no contaban con suficiente talento humano, recursos de infraestructura física y tecnológica, bibliotecas, laboratorios que permitieran el desarrollo académico en formación, investigación y extensión, razón por la cual su énfasis estaba orientado principalmente a la formación, con una incipiente cultura investigativa y reducidos grupos de investigación”, según el informe.

Entonces las universidades, de sus propios bolsillos, financiaron los estudios para los profesores y lograron incrementar los que tenían título de doctorado. En 2003 eran 835 maestros con este nivel y en 2007 ya había 1.233, según los datos del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Esta merecida especialización de los profesores ha generado más gastos. Primero, porque mientras ellos están estudiando, las universidades tienen que contratar a otros provisionales, para que dicten las clases. Segundo, porque en 2002 fue promulgado el Decreto 1279, que estableció que los salarios de los profesores debe calcularse de acuerdo con sus estudios, publicaciones, investigaciones y méritos académicos.

Esto “generó un mecanismo explosivo sobre los gastos por cuenta del reconocimiento de la calidad y la producción de los docentes y por la remuneración a los cargos administrativos ejercidos por ellos”, según Carlos Ossa, rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (Lea la columna donde da su opinión al respecto).

Obviamente, teniendo unos profesores súper especializados, las universidades tienen que ponerse a investigar. Así fue como se incrementaron los grupos investigación. En 2003 había 1.505 reconocidos por Colciencias y en 2007 ya eran 1.674 sólo en las universidades públicas. Eso genera más gastos porque “la inmensa mayoría de proyectos de investigación financiados por Colciencias u otras fuentes externas exigen contrapartidas que las universidades públicas deben financiar con su propio presupuesto”, de acuerdo con la revisión hecha por los siete vicerrectores financieros.

Ahora, ¿dónde trabajan los investigadores? La mayoría, en las mismas universidades. Así que para que puedan hacer sus labores, necesitan laboratorios, tecnología y toda la infraestructura que se requiera para poder hacer una completa producción académica.

Todo esto no tendría sentido si no crece el número de estudiantes beneficiarios. Y sí ha crecido. Según el Icfes, en 1992 había 200 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas del país. En 2007 había casi 500 mil.

Y también creció la oferta de cursos. En 2003 había 1.233 programas de pregrado y en 2007, 3.173. En ese mismo lapso, los posgrados pasaron de 777 a 911.

Ese incremento de programas, estudiantes y grupos de investigación requieren, obviamente, más espacio. Según los cálculos de los financieros, sumando las áreas físicas de todas las universidades públicas, el crecimiento fue de 2 millones 178 mil metros cuadrados a 2 millones 522 mil en los últimos años. Y ese equipamiento también vale plata.