No sólo causa repudio que mueran degollados y que no tengan acceso a un juicio justo, o que sean condenados por delitos como tomar bebidas embriagantes o fornicar. Lo que verdaderamente mantiene indignada a la comunidad internacional es el hecho que sean niños y niñas menores de edad los que reciban la inclemencia de la pena capital.
Precisamente hoy es uno de esos oscuros días para los defensores de los derechos de los niños. En la prisión de Evin, al nordeste de Teherán, Safar Angooti, un joven iraní, espera la hora de su ejecución, luego de que la falta de recursos de su familia le impidiera contratar un abogado que apelara su caso. Angooti fue condenado por asesinato cuando tenía 17 años. Como él son 137 adolecentes más los que esperan en distintos centros de reclusión de la República Islámica la hora de su muerte. Según datos de Amnistía Internacional, este país es el único que condena a personas que cometieron el crimen cuando eran menores de edad. El año pasado murieron ocho. En este van dos. Angooti será el tercero.
“Hasta el año 2000 se les ejecutaba a la edad que tenían cuando acababa el juicio, pero desde el año pasado, debido a las presiones internacionales, se les mantiene en la cárcel hasta que cumplen los 18”, explica Asieh Amini, autora del informe Ejecuciones de menores.
Los abogados que defienden a los menores denuncian las frecuentes irregularidades que rodean los juicios. “Algunos son condenados sin que se respeten los procedimientos”, asegura el abogado Mohamed Mostafai, y recuerda el caso de Delara Darabi, ejecutada el pasado 1º de mayo a pesar de que le acababan de conceder un aplazamiento de dos meses. Ni sus padres ni su abogado fueron informados previamente de la ejecución, pese a que la legislación iraní establece que los letrados deben ser avisados con 48 horas de antelación.
“Es inconcebible que Irán sea hoy el único país del mundo donde se aplique la pena capital a menores de edad, quienes están amparados por todo tipo de leyes y tratados internacionales contra este tipo de sentencias barbáricas”, explica Hadi Ghaemi, director de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, desde su sede en Nueva York.
Esperanza perdida
El 15 de octubre de 2008 se abrió una luz de esperanza cuando Hosein Zebhi, fiscal general adjunto para asuntos judiciales, anunció que la magistratura había decidido conmutar la pena capital por cadena perpetua para los delincuentes menores de edad. Tres días más tarde, Zebhi excluía a los ya condenados y a quienes afrontaran una pena de qisas porque, según explicó, “no depende del Gobierno, sino de la acusación particular”. Las qisas son una figura islámica, conocida también como la ley del talión, en la que se da a la víctima o a sus herederos el derecho de vengarse del criminal con un castigo equivalente al delito.
Ahora la esperanza revive para muchas familias que tienen familiares en el corredor de la muerte con un proyecto de ley que hace curso en el parlamento iraní para poner fin a las controvertidas ejecuciones. Sin embargo, conocedores del tema indican que ya es el cuarto año consecutivo en que esta iniciativa hace trayectoria en el Congreso sin ningún resultado.
Terror juvenil
A pesar de que Irán es parte desde 1975 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, en su artículo sexto, prohíbe la imposición de la pena de muerte a menores de edad y que además ratificara en 1994 el Convenio de los Derechos del Niño, la violación de este principio universal ha sido una constante durante los últimos años en la República Islámica. Según reportes de Amnistía Internacional, desde 2000 se han ejecutado a 44 menores de edad en ese país.
Defensores de Derechos Humanos explican que el gobierno iraní estableció la edad para la pena capital a partir de los 9 años para las niñas y los 15 para los niños. Asesinato, violación, incesto, fornicación con mujeres casadas, actos de homosexualismo, ingestión de bebidas alcohólicas, rebelión política, entre otros, son algunos de los delitos que según la ley islámica iraní merecen la pena de muerte para los menores de edad.