 Denunciante Leyenda
 |  Por error judicial, violador y asesino de niña Catherine Huertas pagará 13 años menos de cárcel
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 | Se trata de Rudy Alonso Suárez, quien fue extraditado desde Grecia para responder por el caso. Suárez fue condenado a 40 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal de Bogotá rebajó la condena a 27. Apenas cuatro meses después de que un juez de Bogotá le impuso la condena, el Tribunal de Bogotá revisó la decisión y aplicó la rebaja. Según esa decisión, Suárez no cometió un homicidio agravado sino homicidio simple. "Le corresponde a la Sala redosificar la pena impuesta al condenado dado que (...) no se pueden tener en cuenta las circunstancias de agravación del homicidio, ante la grave omisión del fiscal que profirió la resolución de acusación", señaló la Sala Penal. La menor fue asesinada por Suárez, un subteniente retirado del Ejército, el 5 de diciembre del 2004. Según la investigación, el hombre violó a la niña y después la estranguló para evitar que lo identificara. Luego abandonó el cadáver en el humedal Jaboque, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. El ex militar huyó a Venezuela y de allí pasó a Europa para eludir la justicia con la colaboración y el encubrimiento de algunos de sus familiares. Durante cinco años, la familia de la niña, el subintendente de la Policía William Ramírez y el detective de la Interpol Jimmy Cubidez siguieron su pista hasta ubicarlo en Atenas, donde fue detenido. Mientras Suárez huía de la justicia colombiana, el Juzgado 39 Penal del Circuito lo condenó a 40 años por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento, pero el caso fue apelado por su defensor. Aunque la justicia colombiana no permite beneficios para los violadores de niños, el Tribunal consideró en este caso que en el trámite del proceso la Fiscalía eliminó los elementos que encasillaban el asesinato de la niña un homicidio agravado. Esta situación obligaba al juez a calcular la condena a partir de la pena que impone el Código Penal por homicidio simple, que es de 25 años. El abogado que representa a los familiares de la menor, Jaime Granados, dijo que entutelará la decisión, que calificó de "aberrante". "A pesar de que el Tribunal admite que el hombre mató a la niña para ocultar la violación, sin ningún fundamento determinó que se trata de un homicidio simple", aseguró Granados. También criticó a la Fiscalía por no haber impugnado a tiempo la decisión para que fuera examinada por la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación, por lo que la única vía que se cuenta es la tutela. La concejal Gilma Jiménez, que tomó este caso como estandarte de su campaña para conseguir la cadena perpetua a los violadores de niños y estuvo atenta a las acciones de las autoridades para darle captura a Suárez, se declaró alarmada por el rumbo que tomó el proceso. "La justicia sigue violando los derechos de la niña después de muerta", aseguró. Entre tanto, Natividad Vanegas y Gregorio Huertas, los padres de Catherine y quienes calificaron inicialmente la acción de las autoridades para rastrear a Suárez por todo el mundo como un "milagro", dijeron sentirse ahora "profundamente heridos con la justicia". El difícil proceso para condenar a Suárez Cada una de las etapas de este caso ha sido una lucha contra los audaces movimientos de Rudy Alonso Suárez Corrales, que pasó de ser jefe de vigilancia de una empresa de Bogotá a un criminal que desapareció del mapa y logró quedar en el anonimato con identidades falsas y su paso por dos países: Venezuela y Grecia. Mientras cientos de personas lo perseguían por todo el mundo, gracias a la primera y única circular roja (orden de captura) contra un colombiano por el delito acceso carnal violento, dos investigadores, que asumieron el caso como propio, emprendían la lucha más larga e importante de sus vidas para seguirle los pasos al hombre que se convirtió en el símbolo del abuso contra los menores en Colombia. Con un solo sospechoso, un indigente que pasaba por el humedal de Jaboque la noche del 5 de diciembre del 2004, llegó el caso a manos del subintendente de la Policía William Ramírez, miembro de la Unidad Investigativa de la Sijín. Para entonces, la madre de Suárez, María Rosario Corrales, había logrado desviar la investigación diciendo que había estado en compañía de sus dos hijos durante toda la tarde. En este mismo tiempo fue abusada, torturada y asesinada la menor en una casa abandonada contigua al humedal. Aunque ninguna prueba lo incriminaba, la insistencia de los padres de la niña sobre el extraño comportamiento de Rudy Alonso Suárez llevó a que Ramírez y la fiscal Norma Patricia Salazar (que murió años más tarde como consecuencia de un cáncer) pidieran constantes entrevistas con el militar retirado, dueño de la cancha de Paintball donde fue vista la niña por última vez. "Es una persona calculadora, accedió a colaborar cuantas veces se lo pedimos y siempre se mostrò tranquilo", señala el oficial Ramírez. Finalmente, cuando Medicina Legal confirmó que el semen que se encontró en la ropa menor de la niña era compatible con el tipo de sangre de Suárez, ya el sospechoso había huido. Fue condenado en ausencia por el juzgado 39 penal de circuito el 2 de septiembre del 2008, lo que lo puso en el primer lugar de los 10 hombres más buscados de la capital, señala el oficial Ramírez. Pero para entonces Rudy Alonso ya no estaba en Bogotá. La niña de la valla El caso, que fue ventilado a la luz pública por la publicación de una fotografía de Yenmy Catherine en una valla que apoyaba la cadena perpetua para violadores de niños, promovida por la concejal Gilma Jiménez, comenzó a regarse además por internet. Más de 50 mil búsquedas se registran en Google con el nombre de Rudy Alonso Suárez, y en 'facebook' tres grupos con unos 600 miembros en todo el mundo alertaban de gente parecida al violador andando por las calles. En Argentina había alarmas constantes de que lo habían visto. Sin embargo, fue una alerta de Venezuela lo que llamó la atención del investigador Ramírez. "Había desaparecido para sus amistades, su familia no daba razón de él, se deshizo de sus celulares. Lo único que tenía eran registros de la tarjeta de crédito de Rudy Alonso en diferentes lugares de Cúcuta", explica el investigador. Con esto comenzó a atar cabos hasta encontrar un correo electrónico de su familia que revelaba una dirección en la capital santandereana. Luego de ordenar una inspección del lugar se le informó que vivía un venezolano llamado Harry Santana Mayorga, administrador de un supermercado. Los vecinos lo identificaron plenamente, pero ya había huido hacia el extranjero. Circular roja de Interpol Sin haber sido condenado aún el abusador y a través de un derecho de petición de la familia, en septiembre del 2006, el caso llegó al detective de Interpol Jimmy Cubidez. Para entonces Suárez tenía una orden de captura en su contra, con lo que se notificó el 26 de octubre del 2006 la circular roja por el delito de acceso carnal violento. "No había un registro de Rudy Alonso en el país, no teníamos certeza de cómo había salido. Así que se mantuvo control sobre algunos familiares y la esposa, Ángela García Bravo", dijo el investigador. La esposa, García Bravo, fue pieza clave en la investigación ya que gracias a sus movimientos se confirmó la presencia del Suárez en Grecia. La rastrearon por San José de Costa Rica y Los Ángeles (California, E.U.), donde supuestamente se casó con un norteamericano para obtener visa de residente. Tres años duró el detective de Interpol siguiendo cada uno de los pasos de la familia y con una misión sobre su escritorio que cada vez que rendía reporte, no le anticipaban destino diferente a la del archivo. Un viaje hecho por Ángela García a Grecia y un giro de dinero hecho por la señora María Remedios Corrales, madre del fugitivo, a un hombre llamado Antonis Fermanis en Atenas, delataron en octubre del año pasado al criminal. "La esposa aprovechó la nacionalidad estadounidense para ir a Grecia a encontrarse con Rudy Alonso. Y una vez tuvimos los datos del giro de la madre se pidió a la Interpol Grecia el seguimiento", explica el detective. Cubidez fue uno de los dos investigadores del DAS que fueron a Grecia a traer a Rudy Alonso. Los dos investigadores se volvieron como familia para doña Natividad y don Gregorio Huertas, los padres de la menor que durante años insistieron para que el caso avanzara: "Yo provengo de una familia humilde -dice Cubidez- y ellos están en desventaja, no tienen abogados, ni dinero con qué defenderse, así que asumí el caso como mío". En lo mismo coincide el subintendente Ramírez, que dice que en muchas ocasiones visitó a los padres de la niña para comentarles la evolución del caso. FUENTE
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