Este es el cuarto juicio que se le sigue al ex Presidente peruano por la desviación de fondos públicos con el propósito de perpetuarse en el poder.

Con nuevos cargos, usar fondos públicos para comprar a los congresistas y lograr que estos cambiaran de partido (tranfuguismo), y chuzadas a la oposición, se inicia un cuareto juicio al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori.

Si la defensa decide recurrir a la conclusión anticipada el próximo lunes 28 de septiembre, como en el juicio por la entrega de 15 millones a Montesinos en julio pasado, se perderá la ocasión de dar a conocer cómo, desde el más alto cargo del Estado, se organizó el uso delictivo del presupuesto de las Fuerzas Armadas para extender la duración de su período presidencial.
La estrategia jurídica quizás pondrá en la balanza el desgaste que podría significar el despliegue de la corrupción del régimen fujimorista, frente a los beneficios de una exposición mediática larga – el juicio podría durar un año y medio – en términos de favorabilidad política. Paradójicamente, la congresista Keiko Fujimori, que aspirará a la presidencia en el 2011, permaneció en el primer lugar de intención de voto mientras su padre era juzgado pero ese caudal electoral ha venido decayendo en los últimos meses.

La difusión, el 15 de septiembre de 2000, de un video que mostraba al congresista Alberto Kouri recibiendo los fajos de billetes de 10 mil dólares de manos de Vladimiro Montesinos, como prebenda por su cambio de bancada parlamentaria, destapó públicamente la práctica delictiva del transfuguismo. Alberto Fujimori iniciaba entonces su tercer periodo presidencial, y en medio de las graves denuncias por irregularidades en el proceso electoral, requería una mayoría parlamentaria que apoyara su cuestionado mandato y soslayara la tarea fiscalizadora del Congreso.

Tras el soborno de congresistas, “Perú 2000”, el partido oficialista que había obtenido el 42,14 por ciento de la votación en las elecciones legislativas de abril de ese año, alcanzó el 58 por ciento de la corporación.

El ex presidente será juzgado por haber organizado la operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas. Las transacciones tenían por escenario la llamada “salita del SIN”, desde donde despachaba Montesinos, en los locales del Servicio de Inteligencia Nacional. Por haber recibido diversas sumas de dinero del asesor de Fujimori a cambio de su lealtad, 16 congresistas fueron procesados, cuatro condenados en 2008 a cuatro años de prisión suspendida y reparaciones civiles, y 12 absueltos por falta de pruebas.

Las “chuzadas” telefónicas a quienes resultaban incómodos para el régimen, fueron moneda corriente durante los diez años de gobierno de Fujimori, quien deberá responder por haber organizado y dirigido, conjuntamente con Montesinos, una agrupación criminal con el fin de obtener información que facilitaría decisiones favorables a su continuidad en el poder.

Los gastos de estas actividades delictivas, como la compra de equipos, el alquiler de locales y el pago de los operarios, fueron financiados con dineros del Estado mediante el desvío sistemático de fondos del presupuesto de las Fuerzas Armadas al SIN, que según sostiene el fiscal de este caso, José Peláez Bardales, se iniciaron desde que Fujimori asumió su primer mandato presidencial en 1990.

Reconocidos periodistas y directores de medios de circulación nacional, figuras de la oposición política como el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, presidentes extranjeros de visita en el Perú y hasta su propia esposa, Susana Higuchi, fueron el blanco predilecto de las escuchas ilegales.

En las postrimerías del régimen, los fondos de los que disponía Montesinos para actuar en beneficio del acusado, sirvieron también para promover la imagen del candidato Fujimori a la segunda reelección. Se emprendieron acciones de control de los medios de comunicación, como la compra del 75 por ciento de Cable Canal CCN que pasó a ser propiedad de Montesinos, y se dispusieron pagos millonarios al director del Diario Expreso, a cambio de una línea editorial favorable al Presidente.

La Fiscalía ha solicitado la comparecencia de cerca de 150 testigos en este proceso, una pena de ocho años de cárcel para el ex presidente y el pago de reparaciones al Estado por 1,6 millones de dólares y de 1 millón de dólares a favor de los agraviados por las “chuzadas”. Las pruebas en los tres casos son contundentes, ya que además de los videos y documentos que presentará la Fiscalía, el principal testigo, Montesinos, ha declarado en otros juicios que Fujimori era quién daba las órdenes para estas operaciones.

Bastante probable es entonces que la defensa se acoja a un juicio corto por conclusión anticipada, que impedirá que un amplio debate vuelva a poner sobre el tapete la indignación que generó la corrupción de ese gobierno, en los primeros años de transición democrática.