Foto: Archivo / EL TIEMPO
Los equipos comprados por el Ejército (similares al de la foto) no pueden 'leer' la información que reciben del espectro electromagnético, porque están hechos para monitorear señales de una tecnología anterior.
Inteligencia dice que fue engañada y admite que, por eso, tiene frenado el monitoreo móvil. El proveedor asegura que vendió lo que le pidieron y que ha intentado conciliar.

Desde hace meses, la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) tiene paralizadas sus actividades de interceptación móvil de celulares porque los cuatro sofisticados ******os GSM que, en teoría, le iban a permitir el rastreo de las comunicaciones de la guerrilla, del narcotráfico y de las bandas emergentes de 'paras' no sirven para nada.

Pagaron por ellos 5 mil millones de pesos, pero, tres meses después de la compra -mediados del 2007- la tecnología celular cambió en Colombia y quedaron obsoletos.

En una corta conversación telefónica, el coronel Jaime Alberto Perilla Gómez, subdirector de Inteligencia del Ejército, le admitió el problema a EL TIEMPO. Pero se abstuvo de entregar información sobre los detalles del contrato -que nunca fue colgado en la página Web del Ejército por ser un asunto de seguridad nacional-, argumentando que no le correspondía hacerlo.

Sin embargo, EL TIEMPO obtuvo copia de un documento interno de Inteligencia, firmado el pasado 25 de junio por el propio coronel Perilla (y cuya existencia él admite), en el que el Ejército asevera que en este caso se configuró un claro fraude procesal. "Lo que los proveedores ofrecieron y pactaron dentro del contrato no se cumplió", dice el documento.

Los señalamientos recaen sobre la unión temporal compuesta por las firmas Salgado Piedrahíta Escallón y Energía Integral Andina.

Esta última empresa tiene más de 30 años en el mercado, factura más de cien mil millones de pesos anuales y se acaba de ganar un contrato con el Ministerio de Comunicaciones -por 54 mil millones de pesos-, para construir el cable submarino de fibra óptica entre Colombia y San Andrés.

En el documento firmado por el coronel Perilla se dice que, además del problema con los equipos, se alteraron los catálogos de la casa matriz que ensambló tres de los ******os, y vendieron un cuarto equipo, comprado en Alemania, sin permiso de la fábrica.

¿Software alterado?

Pero el Ejército se percató de todas estas anomalías cuando ya había asignado el contrato y recibido la mercancía a satisfacción.

Cuando se detectó la falla en los ******os, las dos empresas fueron emplazadas por el Ejército para que solucionaran el problema actualizando los ******os. Pero, según el Ejército, eludieron su responsabilidad durante todo el 2007.

La única respuesta, dicen, fue que la firma fabricante de los equipos (Track Technology), no ha desarrollado aún la nueva tecnología para celulares.

El Ejército se reunió entonces con Craig Robinson, María Pulera y R.I. Wagner, representantes de Track Technology y los tres confirmaron que los equipos no pueden ser actualizados ni son aptos para monitorear líneas celulares.

También dijeron que el software habría sido manipulado sin autorización de la fábrica.

Por eso, recomendaron poner el caso en manos de las autoridades: "Las personas detrás de la venta de este sistema se esforzaron mucho para lograr un aspecto muy similar a la tecnología Track Technology", se lee en el informe de Ejército.

Y añade que las garantías de los ******os eran de un año y no de cinco, como lo había ofrecido la unión temporal.

La polémica cláusula

Sin embargo, los proveedores alegan que siguen teniendo el aval de la casa matriz, que los ******os sí pueden ser actualizados y que han presentado varias alternativas para subsanar el problema.

No obstante, aclaran que, según una cláusula del contrato, la actualización solo se puede hacer si el Ejército les suministra ciertos códigos. Pero esto es imposible.

Los códigos, conocidos en el mercado como K1, son de propiedad exclusiva de las compañías operadoras de telefonía móvil en Colombia y tienen carácter reservado porque son usadas como garantía de seguridad para sus usuarios.

Ante la la preocupación porque el caso trascendiera, los proveedores han ofrecido reemplazar los equipos por otros, pero estos (dice el Ejército) podrían ser detectados por las organizaciones a las que se quiere interceptar.

Al respecto, voceros de los proveedores le aseguraron a EL TIEMPO que en el último mes le han planteado dos posibles soluciones al Ejército aunque no revelaron cuáles (Ver: 'Vendimos lo que...').

Este episodio tuvo frenada -entre el 9 y el 23 de junio pasado-, otra licitación de equipos de Inteligencia, por 1.800 millones de pesos.

Información externa aseguraba que la firma ganadora del nuevo contrato tiene relación directa con una de las firmas del problema. Incluso, una de las oficinas de contratación de las Fuerzas Militares pidió investigación de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero voceros de las Fuerzas Militares dicen que ya descartaron el supuesto nexo.

Lo que aún no han podido establecer es si hubo algún error a la hora de elaborar las condiciones del contrato o si la responsabilidad es de los contratistas.

La Fiscalía ya conoce el caso y tendrá que resolver estos interrogantes. Por ahora, hay 5 mil millones embolatados, cuatro ******os que no sirven para nada y una operación básica de la Inteligencia -la interceptación de celulares- congelada.

'Vendimos lo que el ejército nos pidió'

Voceros de Energía Integral Andina y Salgado Piedrahíta Escallón le dijeron a este diario que le dieron al Ejército los equipos que pidió en los pliegos de la licitación. Incluso, sostienen, trajeron a un técnico extranjero para probar los equipos y capacitar a los militares en su manejo, trabajos que fueron recibidos a satisfacción.



Agregan que desde que se presentó el problema con el cambio de tecnología celular han tratado de conciliar y han incurrido en gastos que les ha creado un desequilibrio económico frente al contrato inicial, sacrificando las utilidades del negocio.
Y aclaran que el fabricante, Track Technology, les ha enviado varias cartas este año en la que no solo avala la garantía de 5 años que le ofrecieron al Ejército, sino los catálogos que fueron presentados durante el proceso de licitación y le ratifica que el cuarto equipo fue vendido por una de sus filiales en Alemania sin informarles la transacción. "Nos encantaría ponerle punto final a esto", dijeron.
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