La reelección de Uribe en 2010 no va a pasar en el Congreso. El país comienza a salir del limbo político en el que se encontraba por la posibilidad de un tercer período.
Al final de la semana pa-sada, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, afirmó ante un grupo de periodistas que "el referendo aún esta vivo". En el mundo político prácticamente es tal vez el único que cree en eso. Lo acompañan, si acaso, Rodrigo Rivera y Luis Guillermo Giraldo. Porque en lo que se refiere al Congreso de la República, que es donde se definirá el futuro de esa iniciativa, nadie da un peso por ella.
El tiro de gracia de esa iniciativa fue la derrota que sufrió el gobierno en la elección de las mesas directivas del Congreso. Aislado, ese episodio no era necesariamente mortal. Pero si se tiene en cuenta la dinámica decadente que había tenido el proceso del referendo en los últimos meses, la imposibilidad de la coalición uribista para cumplir los pactos fue el puntillazo final.
La prueba de que el referendo no va es que no hay un solo uribista en el Congreso que en privado crea que ese muerto pueda ser resucitado. Hasta hace poco eso era lo que decían los antiuribistas. A partir de la semana pasada lo dicen hasta los más fieles escuderos del Presidente, como Nicolás Uribe y Armando Benedetti. Este último cayó en desgracia con la Casa de Nariño por haber reconocido en público lo que todo el mundo comentaba en privado.
Aunque políticamente está muerto, técnicamente está agonizante. Según la Ley de Garantías, el 30 de noviembre es la fecha límite en la cual el Presidente tendría que anunciar si tiene o no la intención de ser candidato para un tercer período. Pero en estos cuatro meses se tendrían que superar en plazos estrechísimos dos etapas requeridas legalmente. Primero, la revisión por parte de la Corte Constitucional, que en la reelección pasada se demoró más de tres meses. Y segundo, la convocatoria a elecciones por parte de la Registraduría que, según la entidad, tomaría un tiempo similar. En otras palabras, dos procesos que normalmente podrían durar entre seis y ocho meses, tendrían que ser condensados a la mitad. Si la maquinaria uribista fuera la aplanadora que fue en el pasado, esos dos procesos se podrían 'ferrocarrilear' a la brava en ese plazo, independientemente de la controversia que eso suscitara. Pero si algo quedó claro el 20 de julio es que el uribismo en el Congreso puede ser todavía un movimiento mayoritario, pero ya no es una aplanadora.
Las razones de esta nueva situación son varias. Por una parte, el antecedente de la Yidis-política hace que no haya ni un solo funcionario que se atreva a insinuar el ofrecimiento de alguna prebenda a un parlamentario a cambio de su apoyo a la reelección. Al fin y al cabo, los que hicieron esto en la elección pasada acabaron sub judice. Además de esto, los 86 congresistas que votaron el referendo a favor antes de que el Consejo Nacional Electoral les diera el visto bueno a las cuentas de la recolección de firmas, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia.
Esto se ha traducido en que están igual de aterrados los que tienen que pedir el apoyo a la reelección, como los que tienen que darlo. Ningún funcionario quiere que le suceda lo que le pasó a Sabas Pretelt, quien perdió sus posibilidades presidenciales por jugársela por el Presidente. Y en época de campaña, ningún congresista quiere arriesgarse a que lo judicialicen por haber recibido algún puesto a cambio de su voto. El solo hecho de tener que defenderse de esa acusación le puede costar a cualquier modesto representante de provincia, 200 ó 300 millones de pesos en abogados. Se han elevado consultas para determinar si los parlamentarios pueden contratar pólizas colectivas que recaigan sobre los partidos más que sobre ellos individualmente, pero la respuesta ha sido negativa por tratarse de eventuales delitos penales.