Ayer un juez de control de garantías les dictó medida de detención preventiva intramural a los cuatro miembros de la Policía implicados en la desaparición de tres jóvenes de La Estrella y del presunto integrante de una banda disidente del combo de La Unión, "alias 28".

La medida de aseguramiento al mayor, al subteniente y a dos patrulleros del comando de Policía de Itagüí se tomó luego de la legalización de las capturas, de la imputación de cargos entre los cuales se encuentra el de desaparición forzosa y de los cuales ninguno de los oficiales se allanó de los cargos.

Para el juez fue suficiente la exposición de motivos presentada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, que pidió la detención preventiva intramural debido "a la gravedad de los cargos imputados y al peligro que representa dejarlos libres tanto para la investigación como para los familiares de las víctimas".

La prueba de los cargos está sustentada en la declaración de un subteniente de la Policía que también participó, "como ganso ciego", en el operativo en el que fue retenido "alias 28" y las tres jóvenes: Laura Cristina Echeverri García de 17 años, Yudy Alejandra Castillo Mira, también de 17, y Jennifer Puerta Saldarriaga de 18, y posteriormente llevados a las instalaciones del comando de Policía.

Según la declaración del subteniente de la Policía y relatado por el Fiscal en la audiencia desde esa noche del 29 de mayo él se dio cuenta que era un operativo anormal y por eso desde el día siguiente empezó a proporcionar información a un funcionario de la Sijin que estaba detrás del caso de "alias 28" y el 16 de julio ya con las suficientes pruebas se presentó con un abogado a la Fiscalía para rendir indagatoria.

Entre las pruebas aportadas está la entrega de los dos millones de pesos que el comandante de la Policía le entregó el mismo día del operativo. Además la grabación de una conversación posterior entre los imputados en la que él también estaba y en la que se habla de qué iban a decir sobre lo pasado esa noche en caso de que fueran llamados a declarar, porque ya tenían conocimiento de que había un "sapo".

El final del relato apagó las esperanzas de los familiares de las jóvenes que todavía se ilusionaban con que estuvieran vivas.

"Semanas después salió la noticia en el periódico Q'hubo le pregunté al mayor que había pasado con "alias 28", con las peladas y con el carro y me contestó: que las viejas y "28" fueron picadas, que el vehículo también, y que fueron tirados al Cauca, por Caucasia...".

Hasta ahí llegó el relato del fiscal pues inmediatamente los familiares irrumpieron en llantos y en acusaciones contra los indiciados.