Presidente consuma delito constitucional

El presidente Manuel Zelaya da un paso más hoy en su intento por cambiar la forma de gobierno democrático por un sistema socialista totalitario al desarrollar la encuesta de opinión ciudadana, un proceso viciado y nada transparente, con lo cual está consumando un delito constitucional.

Esta encuesta preguntará a la población si está de acuerdo en que en la elecciones nacionales de noviembre se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta Constituyente tendría como función derogar la actual Constitución e imponer una que, segun los críticos, ya está elaborada y está empapada del autoritarismo impreso en la Carta Magna de Venezuela.

Los resultados de la encuesta no son vinculantes, por lo que el Congreso no está obligado a acatar la petición que mande el Ejecutivo para que se forme la Constituyente.

Además de ilegal, segun el Poder Judicial, la Fiscalía y la misma Procuraduría General, este proceso carece de transparencia por la omnipresencia del Ejecutivo y falta de participación de entidades garantes.

Es así que el Gobierno hace una encuesta que él convoca, organiza, supervisa, escruta votos y proclama los resultados. La consulta, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, iniciará a las 6.00 de la mañana y en las 15 mil cajas receptoras que se instalarán en todo el país sólo participarán representantes del Ejecutivo.

Para cuando la encuesta termine - a las 4.00 de la tarde - los resultados se enviarán por mensajes de texto a una central de Hondutel, sin que nadie constate que las cifras no sean manipuladas.

Extraoficialmente se ha dicho que desde hace algún tiempo el Gobierno ya tiene definido cómo quedará esta encuesta. La distribución del material la han hecho empleados del Gobierno o sindicalistas amigos del Presidente, luego que el Ejercito no aceptara cumplir la orden ilegal de hacer esa labor.

El Gobierno ha tenido que recurrir a pagar a miles de personas, incluidos periodistas, para que se involucren en el ejercicio, según denuncias. Se le han pagado hasta 500 lempiras a las personas que han firmado las hojas en las que se pide que se haga la encuesta.

Además, existe la denuncia de que en las dependencias estatales se amenazó a los empleados que no dejen su trabajo para sumarse a la logística de la encuesta. Quienes participen en esta encuesta cometen un delito, pues el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dejó en suspenso todo acto relacionado con la encuesta y cuarta urna.

Esta resolución se tomó al admitir un amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el Ministerio Publico (MP). El presidente Manuel Zelaya no se cansa de dar gracias a los Estados Unidos de ayudarle para que no se consumara su destitución por poner en riesgo el sistema democrático del país. El Congreso Nacional mocionó para que se le levantara un antejuicio y fuera separado del puesto.

La Presidencia de la República iba a ser ocupada por el titular del Congreso, Roberto Micheletti, pero Estados Unidos, por medio de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el embajador de ese país, Hugo Llorens, mediaron para que eso no sucediera.

También, las Fuerzas Armadas (FF AA), dirigidas por el jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, dejaron claro que si se producía el cambio de mando ellos dejarían sin efecto ese acto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Los militares dijeron que no podían obedecer la orden ilegal del Presidente de trasladar las urnas y custodiar el proceso porque esa acción está en contra de la Constitución.

Desesperado y lleno de cólera, Zelaya ordenó la noche del miércoles la destitución de Romeo Vásquez Velásquez, así como aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana.

En solidaridad con Vásquez renunciaron los jefes de las tres fuerzas militares, Naval, Aérea y Ejército.
Ante esa posición legal, Zelaya llevó una turba a la Fuerza Aérea Hondureña para sacar las urnas que se usan en la encuesta.

Zelaya quería reunir a unas 30 mil personas, pero a la manifestación sólo llegaron unas 1,500. A medida que pasa el tiempo, queda en evidencia que el Presidente pierde respaldo, al grado que a las conferencias llegan pocos periodistas, incluidos algunos corresponsales internacionales que han dado cobertura a la crisis política.

El Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal esta encuesta, pero el Gobierno, al igual que contra una resolución judicial, desoyó esa posición.

Este procedimiento de consulta, además de ilegalidad, ha estado inundado de mentiras y medias verdades.

El director del INE, Sergio Sánchez, fue a llamado a declarar a los magistrados del TSE ante quienes aseguró que la institución que él dirige no haría la encuesta y que ni tenía presupuesto para hacerla. Esta versión la contaron los magistrados electorales. Pero, sorprendentemente, Sánchez dijo al día siguiente que sí haría la encuesta y que sus declaraciones se habían tergiversado.


Acreditar delito

En declaraciones ayer a CNN, el fiscal general, Luis Rubí, afirmo que hoy se desplazarán 530 fiscales para levantar actas en los centros de recepción de las encuestas.

“Tenemos alrededor de 530 fiscales en todo el país que van a verificar la confirmación del delito en cuanto a la desobediencia, desacato, a las disposiciones de los tribunales de la República”, expresó el Fiscal.

“El Presidente lo hace (la ilegal encuesta) simple y sencillamente porque él es el Presidente y cree que está por encima de la ley”, añadió. Expuso que está comprometido al cumplimiento de la ley. “Ése es el único arreglo que desde el punto de vista de la Fiscalía acepta, que se sometan al cumplimiento de la ley y dentro de lo que disponga a la Constitución”, manifestó. La Policía apoyará a los fiscales en el levantamiento de las actas, sin involucrarse en las labores de la encuesta. Por otro lado el presidente Zelaya dijo que no se concretó la separación de Romeo Vásquez en la jefatura de las FF AA. “El Presidente lo destituyó y lo leyó en cadena nacional, que se arrepintió posteriormente fue otra situación, eso obligó al MP a interponer un amparo para que lo restituyera por una decisión arbitraria”, dijo.

El jurista German Leitzelar aclaró a algunos dirigentes magisteriales que apoyan la encuesta y cuarta urna que al instalarse una Constituyente desaparecerán los estatutos, incluido el de los docentes.

Algunos dirigentes creen que una Constituyente no puede derogar el Estatuto del Docente porque la actual Carta Magna garantiza su vigencia. En una Constituyente nace un poder originario y dicho artículo deja de ser vigente, junto a otros preceptos, expresó.

Al respecto, el presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Milton Bardales, respeta la posición de sus demás compañeros, mas no cree que existan garantías para que se mantenga vigente el Estatuto del Docente. Así como se consulta si se está o no de acuerdo con instalar una cuarta urna, asimismo se podría hacer una encuesta para derogar o no el Estatuto del Docente.