por Enrique Santos Calderón Monday, Apr. 20, 2009 at 5:49 PM

El martes mataron a otra campesina: Ana Isabel Gómez, acribillada frente a su hija adolescente en el municipio de Los Córdobas (Córdoba). Era la presidenta de la junta de desplazados de la localidad y miembro del Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia, que agrupa en Córdoba a miles de personas que buscan reparación al amparo de la Ley de Justicia y Paz.

Ana Isabel había huido hacía seis años de su parcela familiar en Unguía (Chocó) tras las amenazas de los paramilitares del hoy enjuiciado 'Alemán', hermano del recién capturado 'don Mario'. El primero de abril denunció ante miembros del Gobierno que estaba siendo amenazada para que desistiera de su campaña por recuperar 300 hectáreas que las autodefensas les habían arrebatado a los campesinos en la región. A los pocos días la mataron.


Un signo macabro de esta violencia contra los desplazados es que se ensaña con las mujeres. Porque son las sobrevivientes; las viudas, que se convierten en insobornables líderes de los procesos de restitución de bienes. Hombres eliminados tampoco faltan, por supuesto. Los nombres de Julio César Molina, de Carlos Cabrera, de Benigno Gil; el de Alfredo Jaraba su mujer e hijos; el de los hermanos Cortés Vargas se suman a la veintena de líderes asesinados en los últimos años por intentar la recuperación de tierras arrebatadas por los paramilitares. Casi siempre con la complicidad de políticos o terratenientes locales, que han aprovechado el conflicto armado para correr cercas y usurpar tierras. Todos crímenes rodeados de una escandalosa impunidad, aunque no se requiere mucha suspicacia para imaginar su procedencia y beneficiarios.

Capítulo aparte son los desplazados por la guerrilla, o los avivatos y desplazados "profesionales" que usufructúan la Ley de Justicia y Paz. Pero lo más grave del actual fenómeno de violencia es que está aumentando cada día, a medida que se acelera el retorno de los desalojados a sus tierras. Hoy en manos de 'parapolíticos'; de testaferros de los jefes 'paras' o de sus mandos medios, que buscan apropiárselas a sangre y fuego. Los miles de mandos medios del paramilitarismo, sueltos y sin control, son el gran fracaso de la desmovilización. Y el gran problema que se viene.

Las pugnas por las herencias paramilitares (la sucesión de bienes de Vicente Castaño ha sido a pistola limpia) explican la agudización de la violencia en muchas zonas. Al margen de lo que puede pasar cuando jefes 'paras' que salen de la cárcel, con la intención de disfrutar de sus tierras mal habidas, se encuentren allí a comunidades campesinas reclamando la devolución de lo suyo.

Todo esto para no hablar de la continuación del despojo por otra vía -la del mercado que ya no de la matanza- con la masiva compra de tierras a campesinos "reparados", pero endeudados hasta el alma, por parte de inversionistas que llegan con información detallada sobre los morosos para comprarles a precio de huevo. Está sucediendo en todo el país.

El problema de la tierra ha estado históricamente en la raíz de todos nuestros conflictos armados, y el que hoy plantea el regreso de los desplazados a sus parcelas es uno de los más explosivos que tiene la sociedad colombiana, anestesiada frente a este drama humano. En medio de tanta conmoción por referendos y encuestas electorales, la inicua y sistemática aniquilación de voceros de los desplazados es lo que debería sublevar los ánimos.

Aquí está a prueba la capacidad del Estado para hacer justicia, para reparar a las víctimas de la violencia y para sancionar a los responsables de estos crímenes atroces. Pero está fallando la prueba de manera lamentable. No ha redistribuido ni el 5 por ciento de las millones de hectáreas en manos de usurpadores y mafiosos. Y no ha condenado a un solo determinador de estas muertes.

Es una vergüenza nacional y un creciente escándalo internacional. De consecuencias aún insospechadas.

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