Escuadrones paramilitares de ultraderecha influyeron en las elecciones presidenciales de Colombia en el año 1998 a través de la coerción a los votantes en zonas del norte del país, según confesó -desde su prisión en Estados Unidos- un jefe de estos grupos.
Rodrigo Tovar, uno de los jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo -a través de una teleconferencia vía satélite- a miembros de la Corte Suprema de Justicia colombiana que recibió la orden de "obligar a la población a votar por las campañas de (Horacio) Serpa y (Andrés) Pastrana".
Según Tovar -conocido con el alias de 'Jorge 40'-, el asesinado vocero de las AUC, Carlos Castaño, sostuvo en 1998 una reunión en su campamento del noroeste del país con representantes del entonces candidato presidencial del partido Liberal, Horacio Serpa.
"La intención era que si Serpa llegaba a la Presidencia abriera espacios a todos los grupos armados ilegales, incluidas las AUC, para iniciar procesos de paz", señaló el ex jefe paramilitar en su confesión desde una prisión estadounidense y cuyo testimonio fue mostrado por la televisión local.
Según Tovar, luego de una primera vuelta electoral que ganó Serpa, su jefe Carlos Castaño los volvió a reunir y les impartió la orden de desplazarse hasta los territorios bajo su influencia y ordenar a la población que ahora votaran por el candidato conservador, Andrés Pastrana, a la postre el vencedor.
"Castaño dijo entonces que había hablado con un comité del partido Conservador que iba en nombre de Pastrana con un mensaje: que una vez negociara con (la guerrilla de) las FARC iba a negociar con las autodefensas. Entonces, la orden fue que obligáramos a la gente que votaran por él", enfatizó.
El ex jefe paramilitar enfatizó también que los escuadrones paramilitares influyeron en las elecciones de 2002 y 2006 y que en ambas respaldaron al actual presidente colombiano, Alvaro Uribe. Dicha versión ha sido reiterada por varios de los antiguos comandantes de estos escuadrones.
La Corte Suprema de Justicia involucró hasta ahora a unos 92 políticos, 41 de ellos congresistas, la mayoría pertenecientes a la coalición oficialista que apoya al presidente Álvaro Uribe, por presuntos nexos con los grupos paramilitares.
El proceso ha llevado a la cárcel a más de una treintena de congresistas, de los cuales cinco recuperaron su libertad.