El gobierno colombiano retiró este miércoles del servicio a 25 oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos a tres generales, tras una investigación por el asesinato de varios jóvenes cuyas muertes se hicieron pasar como bajas en combate en el noreste del país.
"La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las fuerzas armadas incursos en asesinatos", precisó Uribe en una conferencia de prensa en la casa presidencial, en la que estuvieron presentes los mandos militares.
Entre los oficiales retirados se encuentran, además de los tres generales que ocupaban altos cargos en divisiones y brigadas del país, 11 coroneles, 3 mayores, un capitán y un teniente, así como 6 suboficiales, en una purga sin precedentes en los últimos años en Colombia.
Según Uribe, los hallazgos de la investigación muestran que "en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que deben observarse, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes".
Agregó que dichos crímenes son el resultado de una confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. "Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales", anotó.
"Los verdaderos criminales están asociados con integrantes del ejército para cometer los crímenes, para desorientar y para mantener intacto el teatro de acción de su actividad delictiva", aseguró Uribe.
Entre los oficiales retirados del servicio se encuentran el general Roberto Hernández, comandante de la séptima División, el comandante de la Segunda División, general José Joaquín Cortés y el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30.
Hace algunas semanas organismos humanitarios y familiares, denunciaron que al menos 11 jóvenes desaparecieron a comienzos de año en el sector de Soacha, un populoso sector del suroeste de Bogotá, luego de que desconocidos les ofrecieran trabajo en otros lugares del país.
El Ejército aseguró en un principio que los muchachos fallecieron al enfrentarse con las tropas en cercanías del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados.
Sin embargo, llamó la atención que los jóvenes hubieran muerto apenas uno o dos días después de haber desaparecido, lo que significaba que no habían tenido tiempo de ser entrenados en el manejo de las armas.
Incluso, algunos de los desaparecidos tenían problemas físicos e incluso mentales, que les impedían combatir.
Tras las denuncias de las familias, organizaciones de derechos humanos que aseguraron que existen registros de al menos 23 jóvenes de varias regiones que desaparecieron y luego fueron denunciados como muertos en combates para reclamar éxitos militares.
El fiscal general, Mario Iguarán, había dicho hace pocos días que los jóvenes fueron "reclutados con fines delincuenciales", pero admitió que no se conocía "quién los reclutó".