Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín C
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distiorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada.
La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas.
El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes.
La Fiscalía adelanta en este momento cerca de 500 investigaciones por hechos similares desde el 202.
Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias.
Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas.
Drásticas sanciones
El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones".
La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe.
El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país.
Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos.
Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados.
El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente.
Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares.
El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares.
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado.
El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".



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