Por eso, lo que yo opino, es que deben fortalecerse las ramas del poder público (todas: ejecutivo, legislativo y judicial), pero sin perder de vista que provienen de la soberanía del estado, que emana necesariamente del pueblo y por tanto, es el mismo pueblo el que está llamado a verificar el adecuado ejercicio de la actividad de dichas ramas. Solo así se conseguirá que las leyes que promulguen el congreso o el presidente se ajusten a lo que el pueblo necesita y quiere, que la actividad administrtiva del ejecutivo responda a las necesidades de los asociados y por supuesto que las ordenes judiciales se correspondan con la justicia.

Con lo anterior, estaríamos en un verdadero estado social de Derecho, con consecuencias reales y no solo formales.