Bajo esta misma lógica de flexibilización, se abandonó la concepción de la vinculación laboral como mecanismo de inclusión y redistribución hacia una sociedad más igualitaria, pues la precarización consecuente tiende a igualar a la mayor parte de la sociedad, pero por lo bajo: salarios mínimos, condiciones informales de trabajo, inestabilidad, carencia de seguridad social, entre otros, que conducen a una mayor exclusión.
Todo ello en contravía de los pactos y convenios internacionales suscritos por Colombia en la materia, a lo que se suma la resignación social a aceptar estas nuevas condiciones impuestas por un invisible que es el mercado y sus exigencias de competitividad, un "algo" sin rostro ni responsabilidad. En síntesis, se prevé que se acentuará la tendencia a vivir del rebusque y se generalizarán las condiciones para la inaplicación de la legislación laboral formal.
En materia de política de vivienda, prevalece la tendencia a la focalización de subsidios a la demanda, intermediados a través de entidades financieras y cajas de compensación familiar, privilegiando los intereses de las corporaciones de ahorro y vivienda y de los constructores sobre las necesidades de vivienda y financiación de los estratos 1 y 2. Además, no se atiende la concentración y altos costos del suelo urbano y se desconocen experiencias exitosas de autoconstrucción como una de tantas alternativas a las que han acudido los sectores populares para acceder a vivienda de interés social en condiciones menos onerosas.
Lo que se viene observando desde finales de los años 90, cuando se produjo un estancamiento en los indicadores sociales, que no se ha logrado revertir, es que mientras persista la concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos, el mejoramiento de la calidad de vida de sectores populares y medios no es sostenible en el tiempo, pues frente a crisis económicas y pérdida del empleo, la familia debe recurrir a renunciar a los pocos logros obtenidos en años anteriores en, vivienda, asistencia escolar o salud. Las políticas sociales no producen transformaciones estructurales, mientras no estén complementadas con políticas macroeconómicas orientadas a mantener la demanda interna y la dinámica económica, lo que requiere igualmente mejorar la distribución del ingreso.
El problema central, entonces, no es una receta o programa social mejor diseñados, es un cambio de concepción que tiene que partir de políticas redistributivas, especialmente vía tributación, pero no únicamente, por ejemplo, no se pueden olvidar las reformas agraria y urbana.
Cada vez es más evidente que el crecimiento desbordado de la deuda interna y externa es el principal obstáculo para frenar el hueco fiscal, incrementado exponencialmente en los últimos años. La destinación de recursos escasos al pago de la deuda afecta la inversión en programas sociales y por ende la posibilidad del desarrollo nacional equitativo. La opción para empezar a salir del círculo vicioso del endeudamiento es la redefinición de las condiciones financieras de la deuda, pero ello implica un enfrentamiento con el capital financiero nacional e internacional, decisión que el Gobierno actual no está dispuesto a tomar, a pesar de su aparente voluntad de atacar los problemas estructurales, lo que pasaría por reconocer y afectar los intereses de los grupos dominantes a nivel nacional e internacional.
Como se ha señalado, la lógica subyacente a la política social inequitativa, regresiva y que bajo el esquema de focalización e intermediación de subsidios a la demanda, más que privilegiar a los sectores pobres beneficia a los actores privados intermediarios, debe ser transformada totalmente, bajo las características y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica un nuevo acuerdo de economía política, en el cual el Estado asuma su responsabilidad directa en la garantía de los Derechos económicos sociales y culturales