Hay una clara tendencia al debilitamiento de las instituciones estatales de prestación de servicios sociales, contraria al objetivo ético de fortalecerlas como patrimonio social, como bien colectivo de la sociedad, de esta manera al quedar la prestación de servicios en manos del Ministerio de Protección Social, sobresaturado de funciones, las clínicas y hospitales se encuentran en deterioro progresivo. Por un lado existe una retórica de salvamento, pero por el otro, la práctica gubernamental ahonda su crisis y es indiferente ante su entierro definitivo.
El derecho a la alimentación, íntimamente ligado a la política agraria, no escapa a la lógica de preeminencia del mercado sobre los intereses y necesidades de los grupos sociales más vulnerables. El gobierno de Uribe agudiza la apertura comercial y de capitales en el sector agropecuario, desconoce la necesidad de la reforma agraria y por el contrario propone un esquema de trabajadores rurales jornaleros, que se emplearían en cultivos permanentes de tardío rendimiento, como la palma africana, soya, cacao, entre otros, lo que en el corto plazo se traduce en el debilitamiento y aniquilación, aún mayor de la economía y cultura campesinas. Todo esto se articula a la concreción del tratado de libre comercio con Estados Unidos, con claras desventajas comerciales para el país ya que como está demostrado, aumentará la dependencia alimentaria de la sociedad a través de la importación masiva de alimentos,.
Preocupa la propuesta gubernamental de aplicar el IVA a productos básicos de la canasta familiar, hoy exentos, como sal, pan, carne, frutas y verduras. Esta medida es totalmente regresiva porque, con el objetivo de superar el déficit fiscal, la carga impositiva es asumida por toda la población, sin tocar un ápice los intereses, recursos e ingresos de las clases altas.
Contrario a los principios básicos de solidaridad fundamentados en la redistribución de la riqueza social vía tributación, se impone la tendencia hacia una redistribución pero a la inversa, un retroceso social en donde los que menos tienen aportan más para el salvamento del Estado y sus finanzas públicas. Retroceso absoluto porque hay una transferencia neta de recursos de los más pobres hacia la sociedad en general o hacia el Estado para pagar guerra y deuda, dejando algunos recursos para política social, que, como se verá a lo largo del texto, beneficia de manera especial al sector financiero y al capital transnacional vinculado a la prestación e intermediación de servicios sociales.
Este gobierno ha tomado las medidas necesarias para abrir al capital transnacional la producción y distribución de bienes y servicios en el país, con los efectos que esta estrategia conlleva sobre la dependencia extranjera y la restricción de autonomía para la toma de decisiones sobre el propio desarrollo.
Es claro cómo la apertura al control transnacional de las actividades más rentables y estratégicas para la población se da en diferentes sectores: en el agropecuario con el monopolio progresivo de insumos agroquímicos, el desmonte de cultivos transitorios y la inversión en productos tropicales de agroexportación; en materia de seguridad social con la entrada de grandes capitales y empresas de servicios transnacionales a nivel de salud, educación, producción de medicamentos, pensiones, cesantías y riesgos profesionales; en servicios públicos domiciliarios con la capitalización y privatización de las empresas públicas nacionales, regionales y municipales en los sectores de telefonía, distribución de energía, acueducto y recolección de basuras, entre otras, similar situación está pasando con las empresas encargadas de la explotación de los recursos naturales, caso Ecopetrol.
La profundización de la desregulación y la flexibilización laboral, adoptada durante el presente Gobierno, es más de lo mismo y por lo tanto es seguro que repetirá los resultados nefastos de la década de los 90, - en términos no solo de los mayores niveles históricos de desempleo, sino del aumento del subempleo y la informalidad -, confirma también el abandono de los fundamentos económicos que consideraban al empleo y la generación de ingresos como el mecanismo impulsor de la demanda interna, dinamizador del mercado y por lo tanto de la producción de bienes y servicios, estabilizador de variables micro y macroeconómicas, y organizador de las relaciones productivas de la sociedad; además de su papel en la valoración de las personas como sujetos que aportan sus capacidades creativas y productivas al entorno natural y social que las rodea, en un proceso constante de retroalimentación y crecimiento mutuo.