lo que dice uribe:
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, justificó este martes la extradición a Estados Unidos de 14 cabecillas paramilitares, acusados en su país de delitos de lesa humanidad, asegurando que "algunos" habían reincidido en delitos después de estar cobijados por la polémica Ley de Justicia y Paz.
"Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega", dijo Uribe en un discurso televisado.
Adelantó que a solicitud de su administración, y con previa autorización de Washington, Colombia podrá enviar "representantes" a los juicios que se le sigan a los extraditados "a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, la verdad sobre los procesos en curso propiciado".
Sin embargo, en Estados Unidos estos hombres sólo serán juzgados por narcotráfico, lavado de archivos y financiación de actividades terroristas y no por las más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas de las que se le acusan en el país neogranadino.
Para Uribe, es el Gobierno el que debe decidir cuál de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) debe ingresar o salir de la lista de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz.
"El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas", aseguró.
Además, según el mandatario colombiano, la justicia de Estados Unidos se encargará de que las riquezas que los paramilitares entreguen sean destinadas a las indemnización de las víctimas de los crímenes, aunque no descartó la posibilidad de "la reparación moral".
"El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado", añadió.
La política de Seguridad Nacional ha sido bandera política de Uribe, quien se enorgulleció de haber "reducido enormemente la violencia en el país".
No obstante, admitió que, a pesar de estar vigente esta ley, se ha reincidido "en el asesinato u otros delitos" y por ello "no se puede proceder con debilidad", con lo cual volvió a justificar su acción.
Entre los paramilitares extraditados, quienes estaban presos en diversas cárceles del país, se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (alias "Don Berna"), Francisco Javier Zuluaga (alias "Gordolindo") y Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40").
La extradición de estos líderes paramilitares fue precedida por la de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", quien abandonó el país el pasado 7 de mayo, luego de una fuerte contienda judicial encabezada por las víctimas de la facción que lideraba este hombre, el Bloque Central Bolívar, que fue el más grande de las AUC y al que se le atribuyen unos 10 mil asesinatos.
En un fallo que luego fue revocado por el Consejo Superior de la Judicatura, un tribunal de Bogotá había ordenado que Jiménez debía permanecer en el país hasta que fuera enjuiciado y reparara a sus víctimas.
El envío de "Macaco" fue demorado por cerca de un mes.
Las AUC son amparadas por la Ley de Justicia y Paz, la cual establece la supuesta desmovilización y desarme de este grupo, cuyos miembros debían colaborar con la justicia, reparar a las miles de víctimas y no volver a delinquir, a cambio de penas mínimas de máximo ocho años.
Impunidad y encubrimiento
Inmediatamente conocida la noticia, miembros de la oposición colombiana denunciaron que la verdadera intención detrás de la extradición repentina de los paramilitares de ultraderecha fue la sabotear las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre las AUC y políticos próximos al uribismo.
Rafael Pardo, ex aspirante a la presidencia por el opositor Partido Liberal, advirtió que los jefes paramilitares enviados son los mismos que "firmaron los acuerdos con los 'parapolíticos'".
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares, acusados de centenares de crímenes y masacres de campesinos y civiles.
De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos de forma preventiva, entre ellos el senador Mario Uribe, primo hermano de Uribe.
Pardo señaló, además, que la extradición de estos jefes paramilitares es una clara muestra del fracaso de la ley de Justicia y Paz.
Por su parte, la ex canciller y dirigente del Polo Democrático, María Emma Mejía, consideró la decisión como una verdadera "tragedia" para la justicia colombiana que ahora no podrá juzgar los delitos contra la humanidad cometidos por estos paramilitares.
"Todos ellos tenían delitos de lesa humanidad que debían haber sido juzgados en Colombia y por Colombia", agregó.
Con respecto a las víctimas y sus familiares, Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresó que la extradición llevada a cabo la madrugada de este martes está orientada a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes.



la critica a este hecho:
Critican extradición de paramilitares colombianos a Estados Unidos
Bogotá, 13 may (PL) Como una jugada del gobierno colombiano para tender una cortina de humo sobre el escándalo de la parapolítica es evaluada hoy aquí la decisión de extraditar a Estados Unidos a 13 ex jefes paramilitares.
En plena madrugada de este martes fueron trasladados al aeropuerto militar de Catam, en esta capital, desde las cárceles donde se encontraban, ex jefes de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (Don Berna) y Rodrigo Tovar (Jorge 40).
Iván Cepeda, de la dirección del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE), aseguró a la prensa que la medida afecta gravemente los derechos de los familiares de los asesinados por los paramilitares y favorece la impunidad de políticos, militares y empresarios que los apoyaron.
En declaraciones al diario El Espectador, Diego Alvarez, abogado de Don Berna, consideró que el gobierno busca "cortar de cuajo" las investigaciones de la Corte Suprema sobre los vínculos de los paramilitares con decenas de políticos y las fuerzas armadas.
Para algunos de los defensores de los delincuentes, aunque el ejecutivo inclumple uno de sus compromisos en la Ley de Justicia y paz de no extraditarlos, los beneficia, pues en Estados Unidos es muy probable que le sean conmutadas las penas y ni siquiera vayan ante los tribunales.
Además, según la misma fuente, la sorpresiva medida puede obstruir el proceso de Justicia y Paz pues los extraditados estaban comenzando a declarar sobre sus presuntos vínculos con militares en muchos de los delitos que se les imputan.
Hace una semana, Don Berna reconoció la participación de sus hombres en la masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en febrero el 2005, donde fueron asesinados cinco adultos y tres niños.
Entre los autores de ese hecho, según se ha comprobado, figuraban numerosos militares en activo.
También Hernán Hernández, alias H.H., admitió en sus declaraciones la participación de miembros del Ejército en varias de sus operaciones cuando integraba los bloques Calima y Bananero de las AUC.
En tanto, Rafael Pardo, ex aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, opinó que el gobierno presidido por Alvaro Uribe está enviando a Estados Unidos a los paramilitares que más saben sobre los vínculos de numerosos políticos con esas fuerzas ilegales.
Actualmente más de 60 congresistas, casi todos de los partidos más cercanos al gobierno están presos o son investigados por sus lazos con los paramilitares, quienes en las décadas de 1980 y 1990 cometieron incontables crímenes alegando luchar contra la guerrilla.